domingo, 31 de julio de 2011

Proceso de negociación minera

El proceso seguido en la negociación que involucra a la denominada sobreganancia minera, constituye hoy en si mismo,un conjunto de actividades realizadas bajo ciertas circunstancias con el fin de compartir la bonanza económica que viene lográndose con el soporte de mejores precios internacionales de los metales.
Como un indicador se toma a las exportaciones mineras que sumaron 10,327.59 millones de dólares entre los meses de enero y mayo del 2011, cifra mayor en 26.32 por ciento a los resultados del mismo período del año 2010. Sin embargo, esta coyuntura del crecimiento es producto de las iniciativas y esfuerzos privados y no armonizan con los registros históricos que se sucedieron en Perú, habida cuenta de la multiplicidad de negociadores por parte del Estado y la Nación.
El proceso de desconcentración y regionalización del país genera marcada expectativa respecto de una mayor y más eficiente  atención de servicios básicos como salud, educación,vivienda,conectividad, entre otros y las comunidades ven en ello una suerte de incumplimiento del contrato social para con ellos.
Mejoraría el panorama de contarse con la autoridad real al momento de la negociación, sin embargo, a la autoridad formal nacional,regional y local se le añade un interlocutor difuso llamado a otorgar la licencia social para un adecuado desarrollo de las actividades del sector minero de cara al futuro.
El lento y sostenido incremento de conflictos sociales, no pocos de ellos promovidos por ciertas ONGs y las propias autoridades regionales y locales en franco enfrentamiento con la autoridad nacional y el ordenamiento jurídico vigente, dan cuenta que es condición sine qua non identificar y empoderar a los interlocutores válidos para avanzar en el proceso.
Si algunos idealistas pensaban que con la negociación minera que generó el famoso aporte voluntario llamado "obolo minero" durante la anterior administración del Estado peruano, toda reclamación acabaría, se equivocaron. 
Los hechos se encargarían de demostrarles que siempre habrá discrepancias, sin embargo las controversias entre las partes podrán ser manejadas correctamente si es que se consideran a los socios estratégicos locales como pilares fundamentales para llegar a buen puerto en las negociaciones y la autoridad del Estado que mantenga permanente diálogo y atención oportuna para resolver antes y no después de generado el conflicto social.
Dos cosas caracterizaron las protestas antimineras post acuerdo político-económico, la clásica demanda socioambiental por el recurso agua (cantidad y calidad) y la inadecuada redistribución de los anhelados recursos provenientes del sector minero.
En consecuencia, la voluntad de armonía social en localidades próximas a las actuales y futuras labores mineras a la que el nuevo gobierno central apela y que para su proyecto de aplicar a los recursos provenientes de las sobreganancia minera, contempla un escenario sistémico donde es preciso argumentar y concordar sobre consideraciones, que podrían ser entre otras, las siguientes:
  1. La soberanía nacional y el principio de autoridad no deben ser negociables. Es inadmisible negociar bajo presión, con carreteras tomadas, con personas naturales o jurídicas actuando sin control por encima de la Ley o bajo el radar de la supervisión o fiscalización, pues  ninguna actividad, por legítima que ésta sea, puede desarrollarse a costa del medio ambiente peruano.
  2. La estabilidad jurídica y el respeto irrestricto a los contratos entre las partes son la base fundamental para el avance del proceso de negociación minera, detalle que es reconocido por prestigiosas instituciones a nivel mundial para el caso del Perú.
  3. Despolitizar la actividad minera, el sector minero no es enemigo del crecimiento y desarrollo del país. No se ajusta a la verdad el dicho popular que la minería formal no pague los suficientes impuestos al fisco. Paga los impuestos que las leyes tributarias peruanas establecen.
  4. Separar por un lado la aspiración del país por tener una mayor parte de las sobreganancias mineras y por otro, mantener a una parte de la fuerza laboral y a la población en general expectante sin obtener tangibles beneficios directos de la minería, dan como resultado inexorables fluctuaciones en la estabilidad social, con mayor énfasis en las áreas de concesiones mineras.
  5. El problema central no es la falta de dinero proveniente de los impuestos captados del sector minero, el desequilibrio subyace en las dificultades de gestión en la captación,distribución y calidad del gasto de los recursos generados en el sector minero. El país deja de captar recursos de la minería informal y en el extremo no combate adecuadamente a la mineria ilegal. Las regiones y localidades que no son merecedoras de los conceptos de canon y regalías mineras sienten que no es justa la distribución de los recursos mineros de propiedad de todos los peruanos según la norma constitucional.
  6. Las capacidades de las regiones beneficiadas con mayores recursos mineros deben fortalecerse para que mejoren en su capacidad y calidad de gasto.
  7. El país pensar debe, si desea aprovechar la coyuntura de los actuales altos precios internacionales que se obtienen por los metales en el mercado. Si considera que es oportuno el momento, deberá impulsar el incremento de los niveles de producción.
  8. El estado peruano debe presentar normas claras respecto al ordenamiento territorial a efectos de promover la captación de mayores capitales en inversiones de riesgo para exploración de nuevos yacimientos mineros.
  9. La opción de dinamizar nuevas concesiones mineras deben pasar por generar la confianza de futuros inversionistas y aplicar criterios para optimizar la competitividad minera del país.
  10. No puede soslayarse en las conversaciones el tema de los pasivos ambientales,adecuados cierres de minas, entre otros, bajo los impactos generados por los cambios climáticos en un país megadiverso como es el caso peruano.

La negociación minera debe verse como un proceso y no una mesa de diálogo después de los conflictos.

La discusión técnica del "sinseramiento minero", sin apresuramientos, como paso previo a la aplicación de medidas por parte del ejecutivo, de manera tal que se escuchen las posiciones divergentes y se discutan distintas fórmulas para llegar a un consenso con las mineras respecto a las sobre ganancias en el marco del desarrollo sostenible que demanda el país, es en estricto, un clamor del país que camina en búsqueda de su futuro.
En este extremo -por parte de algunas mineras- se han escuchado voces indicando que el marco de impuestos a sobreganancias mineras debe hacerse sobre la renta bruta y no sobre el proceso de extracción o el valor de venta para no elevar los costos de producción.
Sin perjuicio a los acuerdos que se tomen, consideramos que en el dialogo deba definirse e implementarse estrategias para mantener el liderazgo como país con oferta de inversiones social y ambientalmente responsables.
Es imprescindible que el  país  recupere  su capacidad  de  regulación pública, no se trata única y exclusivamente de hacer que la actividad minera tenga una mayor contribución al desarrollo nacional, ésta debe lograrse en desarrollo armónico entre el hombre y la naturaleza.

lunes, 25 de julio de 2011

Due diligence & conflictividad minera

El proceso de investigación y análisis para desarrollarse en minería ante la posibilidad de inversión en el país deberá tener presente un eventual futuro escenario en el marco de alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, respetuoso de los derechos de las poblaciones y comunidades vecinas a los proyectos u operaciones mineras.
Para superar la situación de conflictividad minera, parte de la sociedad civil organizada en ONGs , lanzó las siguientes alternativas de trabajo.  
Por un lado, presentan propuestas de lineamientos de políticas públicas a efectos de recuperar la capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera.
Asimismo, promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas,realizar una reforma tributaria y fiscal minera, atender la problemática de la pequeña minería informal y artesanal.
Lo antes mencionado , constituye parte de la siguiente agenda mínima que se está proponiendo:
  1. El  país  necesita  recuperar  capacidad  de  regulación pública.   El Estado peruano debe asumir su rol y representar legítimamente el interés público, protegiendo los derechos al desarrollo de todos los peruanos y peruanas.
  2. En materia ambiental, necesitamos contar con una verdadera autoridad que tenga autonomía, capacidades, competencias, recursos y decisión política. Esta nueva autoridad ambiental debe impulsar una gestión transectorial, que evalúe con independencia los estudios de impacto ambiental; que revise los límites de emisión y los estándares de calidad ambiental; que fortalezca la fiscalización, la descentralice y que interactúe con las autoridades regionales y locales.
  3. Igualmente es urgente ordenar el uso del territorio, discutir en serio dónde sí y dónde no conviene que se desarrollen actividades extractivas. Para ello se debe implementar una política de ordenamiento territorial (OT) y aprobar la normatividad correspondiente que le dé a los planes de OT un carácter obligatorio para toda medida o acto del sector público y privado; respetando las atribuciones de los Gobiernos Regionales y Locales.
  4. Compartimos la demanda de producir cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera, que se han convertido en fuente permanente de conflictos. Desde Lima se concesiona gran parte del país, sin ningún tipo de interacción y consulta con las instancias regionales y locales, menos aun, con las poblaciones y comunidades, y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones.
  5. Se necesita promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2010, a fin de que se permita implementar plenamente el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y que fue suscrito por el Perú en 1994.
  6. Se requiere realizar una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto equitativo de la renta minera entre empresas y Estado. Ello supone la eliminación del óbolo minero, la incorporación del impuesto a las sobreganancias, el incremento y la obligatoriedad de las regalías, la creación de impuestos ambientales para los contaminadores, entre otras posibilidades.
  7. Se debe abordar como política de Estado la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala, que ante la falta de otras oportunidades de trabajo se viene expandiendo por casi todas las regiones del país, generando en un gran número de casos, impactos sociales y ambientales negativos, explotación de trabajo infantil y graves problemas de salud pública.
  8. Los excedentes generados por la minería deben reorientarse a otras actividades productivas, generadoras de empleo intensivo que potencien el mercado interno, y a la mejora de servicios sociales y ambientales. Es necesario invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería, con actividades que promuevan el desarrollo sostenible y sean respetuosas del ambiente, las fuentes de agua, los lugares con valor religioso y cultural y los recursos naturales.
De otro lado, ciertas autoridades regionales, como en el caso de Junín, apuntan a modificar el escenario actual y plantean normas de nivel local para construir un nuevo rol a la minería. Tal es el caso del reglamento para regular los alcances de la Ordenanza Regional Nº 108-2011-GRJ/CR, que declara de interés, utilidad pública y necesidad regional la inversión privada, estableciendo compromisos para el desarrollo de sus actividades en el departamento de Junín. Considera que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias que desarrollan sus actividades económicas en el departamento de Junín, deberán suscribir compromiso previo en forma de Declaración Jurada, mediante el cual se compromete entre otras cosas a fomentar preferentemente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal. También plantean que las empresas del sector privado y/o sucursales que desarrollan sus actividades económicas en el área de influencia del departamento de Junín, deben señalar su domicilio fiscal en la sede productiva y/o de funcionamiento.
La nueva administración del Estado peruano, que inicia labores a partir del 28 de Julio del 2011, tienen una agenda pendiente por atender y hacemos votos por que se desarrollen en los mejores términos para mantener el crecimiento del sector minero y del país en general dentro del marco de un desarrollo sostenible.

viernes, 22 de julio de 2011

¿Cómo se ejecutó el Fondo minero?

Nos referimos al Fondo (óbolo) minero que se creó en el año 2006, como resultado de un convenio entre el Ejecutivo peruano y treinta y nueve (39) empresas mineras, en vista de la presión de la campaña electoral de los entonces candidatos presidenciales Alan García y Ollanta Humala, quienes proponían gravar las sobreganancias mineras.
En ese acuerdo, las empresas extractivas se comprometían a donar el 3,75% de sus utilidades para inversiones sociales.
Es así que desde enero del 2007 (inicio de su vigencia) hasta la fecha, las mineras han depositado voluntariamente S/. 2.274,9 millones por este concepto, según el informe de la Comisión de Transferencia de Gobierno.
Mencionábamos antes, que las inversiones ejecutadas representarían el 62% del total depositado.
Un informe del Ministerio de Energía y Minas menciona que la ejecución del Fondo minero se concentró en proyectos de infraestructura (32.94%), cadenas productivas (15.66%) y educación (15.23%), seguidos de inversiones en salud (11.95%) y nutrición y alimentación (11.01%).
Seguidamente presentamos una exposición que realiza el Vicepresidente de Asuntos Corporativos de la minera Antamina, cuenta cómo es la operación del Fondo Minero Antamina.
Confirma que financiado con el 3,75% de los ingresos después de impuestos generados por la operación de Minera Antamina en Perú, el Fondo financia el desarrollo local en Ancash, en los Andes peruanos.
El Fondo ha dirigido contribuciones por más de US$ 262 millones desde 2007 a inversiones en cuatro areas principales: salud y lucha contra la desnutrición crónica infantil,mejora educativa, promoción del emprendedurismo y de fortalecimiento de capacidades institucionales de los estados locales.
Lo antes expresado, es un ejemplo de lo que se ha estado realizando con la participación de ONGs e instituciones locales para atender en parte, las múltiples necesidades existentes en las localidades próximas a las labores mineras.
El sector minero creó en los últimos años una mayor dinámica económica en algunos gobiernos regionales y locales, de tal suerte que se generaron indirectamente deficiencias en la ejecución de los presupuestos descentralizados por la falta de capacidad de gasto local.
Las demandas que originan los conflictos mineros se podrían ver atenuadas  de tomarse conocimiento sobre cómo es que se ejecutarían los Fondos destinados a las localidades que la minería venía atendiendo bajo el concepto de aporte voluntario, una vez que eventualmente se sustituya por gravar el impuesto a las denominadas sobreganancias mineras , si éste fuera el caso.

martes, 19 de julio de 2011

Hoja de ruta en la minería peruana

Siguiendo la línea de difusión de los planes globales previstos por la nueva administración en Perú que lleve a ser sostenible la inversión privada en las actividades mineras, presentamos una secuencia de datos que mencionara el presidente del partido nacionalista peruano Ollanta Moisés Humala Tasso , en dos escenarios consecutivos.
El primero - en su rol de candidato presidencial - considera como una opción adecuada la creación de macroregiones, donde el uso del ordenamiento territorial como instrumento de gestión sería aplicado para viabilizar las inversiones.
La Hoja de Ruta indica la reactivación del Banco Minero en Perú.
De otro lado, contempla la reactivación del Banco Minero y a la formalización y ordenamiento de la minería artesanal como una tarea pendiente por realizar.
El segundo - en su papel de presidente electo - comenta  varias inquietudes acerca de los planes que tiene para su gobierno. Citó, por ejemplo, su intención de dialogar con el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR, que es el ente que ve la política monetaria y la estabilidad macroeconómica del país) para explorar la posibilidad de ratificarlo,cosa que posteriormente hizo através de los medios masivos de comunicación. 
De ésta manera, podría considerarse que el futuro mandatario está dando señales claras de estabilidad y adecuadas para mantener los niveles de inversión privada previstos para el país.

sábado, 16 de julio de 2011

Conflictos sociales & mineras juniors

Se denominan mineras juniors en Perú, a las encargadas de realizar exploraciones, desarrollar proyectos y operar minas en un lapso no mayor a tres años. Utilizan principalmente la bolsa de valores de Lima (BVL) como fuente de financiamiento.
Un prototipo bastante difundido, fue el caso de la minera junior Arequipa Reosurces, que luego de hallar el yacimiento aurífero de Pierina, fue adquirida por Barrick Gold, que constituyó Minera Barrick Misquichilca.
Las mineras juniors que cotizan en la BVL son las siguientes:
• Alturas Minerals
• AQM Copper
• Bear Creek Mining
• Candente Gold
• Candente Copper
• Inca Pacific Resources
• Luna Gold
• Norsemont Mining
• Panoro Minerals
• Rio Cristal Resources
• Rio Alto Mining
• Sienna Gold
• Vena Resources    y
• Zincore Metals
En el 2010, el segmento mineras juniors obtuvo una rentabilidad de 174.23% en la BVL, lo que contrasta con lo que va del 2011, pues van perdiendo 30.05% en su índice sectorial acumulado, medido hasta el 06 de julio del 2011
Las pérdidas son asociadas a los efectos de incertidumbre provocados por los conflictos sociales, que causaron la interrupción de los proyectos mineros donde participaron, como fue en el caso específico de Bear Creek Mining en la mina Santa Ana-Puno.

miércoles, 13 de julio de 2011

Estrategias para hacer sostenible la inversión privada en minería

La nueva administración del estado peruano se encuentra diseñando estrategias para hacer sostenible la inversión privada en las actividades extractivas.
Está por descontada la importancia que se le atribuye a la necesidad de captar la inversión privada para generar crecimiento y desarrollo sostenible del país.
En la agenda pendiente del nuevo gobierno está el hacer sostenible la inversión privada.
Estado de situación previo al nuevo gobierno
  • Niveles de evasión tributaria en lo que respecta al Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) se encuentran en 37 % y 49 %.
  • Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, resuelve casos atrazados de hasta tres años, tiene miles de demandas por resolver -mayormente demandas de ciudadanos respecto a municipios   -  y para cobrar más de 14 mil millones de soles, de los cuales son recuperables sólo el 40 %.
  • Los organismos creados para manejar el tema ambiental respecto de las evaluaciones y fiscalizaciónes en las diversas cuencas no funcionaron adecuadamente, prueba de ello el incremento de conflictos socioambientales generados que en número de 118 fueron reportados de un total de 217 conflictos existentes en el país (Junio 2011).
  • Las cuencas de los ríos: Santa, Rímac, Llaucano y Mantaro, son los que albergan al mayor número de pasivos ambientales y no se cuenta con acciones efectivas que reduscan estos pasivos.
  • Los costos que demandan la remediación de pasivos ambientales mineros existentes no son considerados en forma integral - sólo alcanza al inventario nacional de minas inactivas - a efectos de recuperar los recursos naturales que son sustento de la existencia de las poblaciones locales.
  • Existen 49,141 concesiones en vigencia,ya sea para efectuar actividades de explotación o exploración de nuevos yacimientos mineros.
  • El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que a partir de julio del 2010 asumiera la supervisión y fiscalización ambiental de la gran y mediana minería formal, entre septiembre y diciembre del 2010 ha realizado más de 126 supervisiones a unidades mineras a nivel nacional, respecto de un universo de 169 unidades.
  • La administración del estado saliente estaría transfiriendo al nuevo gobierno una cartera de once (11) proyectos de gran minería que ejecuta el sector privado por US$ 16,589 millones, que cuentan con estudios de impacto ambiental aprobados.
  • Existirían una cartera de proyectos mineros que superan los US$ 41,000 millones.
A todo lo mencionado, se le añade un artículo periodístico (Sistema para vigilar los vertimientos mineros a ríos es obsoleto) que resumiría en el siguiente párrafo lo descrito anteriormente:  "Las dos principales entidades estatales encargadas de evaluar y proteger nuestros ríos de la contaminación minera no cumplen a cabalidad su labor", refiriéndose al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) y a la Autoridad nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG).
Objetivos estratégicos 
  • Empoderamiento de la Autoridad Tributaria.
  • Aumentar la eficiencia en la recaudación de los tributos.
  • Empoderamiento de la Autoridad Ambiental.
  • Incrementar la eficiencia en la Regulación, Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Acciones sugeridas
  • No crear  ningún impuesto nuevo.
  • Empoderamiento de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para hacerla eficaz en la reducción de la evasión y elusión tributaria.
  • Creación de oficinas de conciliación previas para reducir las cargas procesales del Tribunal Fiscal a nivel de los gobiernos Regionales.  
Algunas propuestas adicionales

  • La inversión privada en minería debe contar con la comunidad como socio estratégico para mantener la calma social, de tal forma que caminen juntos replicando experiencias exitosas ejecutadas en territorio peruano.
  • Creación de la Superintendencia del medio Ambiente como organismo público descentralizado adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

viernes, 8 de julio de 2011

Errores de gestión por corregir en evaluación y fiscalización ambiental.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),  trata de salvar parte de su responsabilidad política ante la incapacidad de poder resolver las crecientes demandas socioambientales hechas por la población usuaria de los servicios ambientales,los inversionistas del sector minero y los medios masivos de comunicación que hacen eco de la protesta ciudadana ante una evidente inacción por parte de este organismo que no cumplió los objetivos para cual fue creado.
Veamos que aducía éste organismo - através de su Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano - en los meses de febrero y Junio del presente año 2011,para respaldar la decisión  política de dio origen a su creación.    
OEFA IMPUSO MULTAS POR 8 MILLONES DE SOLES A 16 EMPRESAS MINERAS ( Febrero 2011)
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a pocos meses de haber asumido las funciones de fiscalización ambiental de la mediana y gran minería, ha impuesto 23 multas a 16 empresas minera metalúrgicas por haber incumplido sus obligaciones ambientales.
Estas sanciones que alcanzan un monto aproximado de 8.2 millones de nuevos soles, fueron impuestas por el OEFA tras realizar un riguroso estudio y análisis de los 1540 expedientes entregados por el OSINERGMIN en octubre del 2010, muchos de ellos sin resolver y otros en riesgo de prescribir.
Lo dio a conocer el Presidente del Consejo Directivo del OEFA, Walter García Arata, quien señaló que la mayoría de las citadas multas se han aplicado por infracciones detectadas por el Ministerio de Energía y Minas en el año 2006 y que fueron transferidas al OSINERGMIN en el 2007.
“Tras recibir del OSINERGMIN en octubre pasado los citados expedientes con procedimientos en trámite, en el OEFA les dimos prioridad inmediata a los que estaban próximos a pasar a prescripción”, señaló el presidente de este organismo.
Entre los principales incumplimientos de las mineras se encuentran las infracciones a los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes minero metalúrgicos, el inadecuado manejo de residuos sólidos generados en la actividad minera y otros contemplados en el Reglamento de Protección Ambiental.
Walter García remarcó que de esta forma su organismo viene desarrollando la importante misión de procesar los expedientes transferidos por el OSINERGMIN, así como el de venir ejecutando constantes inspecciones de fiscalización en el sector minero metalúrgico, en resguardo del cumplimiento de las obligaciones ambientales.
La mayor multa impuesta por el OEFA es de 1.6 millones de nuevos soles a la empresa Minera Castrovirreyna S.A., que desarrolla sus actividades en el departamento de Huancavelica, por incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles.
Las otras empresas y compañías mineras sancionadas, son: Shougang Hierro Perú, Ares, Raura, San Simón, Aurífera Santa Rosa, Doe Run Perú, Corona, Catalina Huanca, Sipán, Los Quenuales, El Brocal, Arirahua, Volcán, Pan American Silver y Poderosa.
25 PROCESOS SANCIONADORES TIENEN MINERAS POR CONTAMINACION (Junio 2011)
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), informó que a la fecha tiene 25 Procedimientos Administrativos Sancionadores abiertos a seis 6 empresas mineras, por incumplimiento a las normas ambientales especialmente por el vertimiento de aguas residuales al río Rímac.
Entre las empresas involucradas se encuentran la Minera Los Quenuales S.A., Minera Casapalca S.A., Votorantim - Cajamarquilla S.A., Volcan Compañía Minera S.A.A., Perubar S.A. y Compañía Minera San Juan S.A.
Asimismo, dio a conocer que desde septiembre de 2010 el OEFA ha realizado un total de 16 supervisiones a las unidades mineras ubicadas en el río Rímac y que, ante la prioridad que se viene brindando a dicha zona crítica, ha desplegado dos brigadas de supervisores a lo largo de la citada cuenca, de cuyos informes se tomarán las acciones que correspondan.
La contaminación del río Rímac no es una situación de reciente ocurrencia, sino que es un problema que se remonta a más de 100 años y es resultado de continuas descargas que provienen de diversas empresas mineras, industriales, así como también de pobladores que arrojan todo tipo de residuos y vierten aguas servidas de manera directa al río.
Debemos señalar que el OEFA si bien a partir de julio del 2010 asumió la supervisión y fiscalización ambiental de la gran y mediana minería formal, entre septiembre y diciembre del 2010 ha realizado más de 126 supervisiones a unidades mineras a nivel nacional, respecto de un universo de 169 unidades.
Con estas acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de la legislación ambiental por todas las personas naturales y jurídicas, sean públicas o privadas, el OEFA promueve y contribuye al cuidado de los recursos naturales, la protección del ambiente y de manera particular, en la mejora de las condiciones de la calidad de vida de la población.
Más acción y menos burocracia.
OEFA, aplicó sus mayores esfuerzos a la parte administrativa procesando los expedientes transferidos por el OSINERGMIN,arrastrando absolutamente todos los errores detectados a esta institución que empezó como OSINERG y paso a ser OSINERGMIN.
Uno de los detalles técnicos pasa por la determinación de los daños ambientales y el difuso incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles.
Debemos decir en favor de OEFA que se creó en el espacio inadecuado, pues debió estar ligado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como su antecesor y no depender de un nuevo ministerio como es el Ministerio del Ambiente. Esto con el agravante de no contar con los presupuestos adecuados para poder desarrollar adecuadamente sus funciones.
OEFA se quedo en el plano de llenarse de mayor burocracia para atender la carga administrativa focalizada en la ciudad de Lima,soslayando la labor reguladora ambiental que demanda la actual y potenciales inversiones del sector minero,el medio ambiente y la población peruana en general. 

martes, 5 de julio de 2011

Impacto de los conflictos en la exploración minera peruana.

En Julio del 2010 aclarábamos en este espacio la interrogante sobre ¿ En gran parte del territorio peruano esta presente la minería? ,referido al mito levantado que en todo el territorio peruano estaría posecionada y actuando la minería.
En ese entonces acompañamos los datos oficiales (referidos a Febrero del 2009) reportados tanto por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y como el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) del Perú.
Pasado un (01) año y a días de ingresar una nueva administración del Estado peruano, se presenta un nuevo escenario:
  • Actualmente, de los 128 millones de hectáreas del territorio peruano , 22.6 millones (17%) son ocupadas por 49,141 concesiones en vigencia,ya sea para efectuar actividades de explotación o exploración.
  • A modo de comparación, decíamos el año pasado que se explotaba o exploraba 1.23% del total del territorio peruano y actualmente menos del 1% de esas áreas concesionadas están siendo plenamente utilizadas por la industria minería.
  • Existe un retroceso de la minería producto de los conflictos socioambientales que sufre en la actualidad el país.
  • Si bien las áreas concesionadas para la explotación se incrementaron de 0.61% a 0.78% del total del territorio para el periodo antes citado, existe una reducción en  las áreas concesionadas para la exploración de nuevos yacimientos mineros que se redujeron de 0.31% a 0.27%.
Constituye un verdadero reto para el nuevo gobierno reducir los conflictos socioambientales existentes y dar las seguridades del caso a los capitales para así captar inversiones de riesgo dedicadas a impulsar la exploración a fin de lograr el crecimiento  en la industria minera y el desarrollo sostenible del país.

viernes, 1 de julio de 2011

¿Quiénes pagan los retrasos en los proyectos mineros?

Por diversas razones, Perú viene sufriendo una serie de retrasos en las inversiones mineras previstas a desarrollarse dentro de su territorio.
Entre otros casos, mencionaremos a los siguientes:
  • La compañía minera Anglo American del Reino Unido con su producción de cobre y molibdeno del yacimiento minero de Quellaveco (Moquegua), con una inversión de US$ 2,500 millones;esperando producir 225 mil toneladas de cobre fino anualmente.
  • La compañía minera Newmont (tiene una participación del 51.35% en Minera Yanacocha S.R.L.), para sus labores previstas en Cerro Quilish (Cajamarca) con una inversión de US$ 250 millones y lograr una producción de 275 mil onzas de oro anuales.
  • La compañía minera Southern Copper Corporation, con su proyecto cuprífero Tía María, ubicado en la provincia de Islay (Arequipa) demandaría una inversión de US$ 949 millones , produciendo unas 120 mil toneladas de cátodos de cobre al año.


Si a estos antecedentes, le agregáramos el escenario en que la administración del estado saliente estaría transfiriendo a su sucesor una cartera de once (11) proyectos de gran minería que ejecuta el sector privado por US$ 16,589 millones, que cuentan con estudios de impacto ambiental aprobados por el gobierno peruano y habida cuenta que existirían una cartera de proyectos mineros que superan los US$ 41,000 millones, sería muy pertinente plantearse la pregunta ¿Quiénes pagan los retrasos en los proyectos mineros?.
Aquellos retrasos derivados de conflictos sociales no solamente afectan a los inversionistas, a la administración de turno del  Estado peruano, y a la misma población que deja de ser atendida en sus necesidades básicas.