Proceso de negociación minera

El proceso seguido en la negociación que involucra a la denominada sobreganancia minera, constituye hoy en si mismo,un conjunto de actividades realizadas bajo ciertas circunstancias con el fin de compartir la bonanza económica que viene lográndose con el soporte de mejores precios internacionales de los metales.
Como un indicador se toma a las exportaciones mineras que sumaron 10,327.59 millones de dólares entre los meses de enero y mayo del 2011, cifra mayor en 26.32 por ciento a los resultados del mismo período del año 2010. Sin embargo, esta coyuntura del crecimiento es producto de las iniciativas y esfuerzos privados y no armonizan con los registros históricos que se sucedieron en Perú, habida cuenta de la multiplicidad de negociadores por parte del Estado y la Nación.

El proceso de desconcentración y regionalización del país genera marcada expectativa respecto de una mayor y más eficiente  atención de servicios básicos como salud, educación,vivienda,conectividad, entre otros y las comunidades ven en ello una suerte de incumplimiento del contrato social para con ellos.
Mejoraría el panorama de contarse con la autoridad real al momento de la negociación, sin embargo, a la autoridad formal nacional,regional y local se le añade un interlocutor difuso llamado a otorgar la licencia social para un adecuado desarrollo de las actividades del sector minero de cara al futuro.

El lento y sostenido incremento de conflictos sociales, no pocos de ellos promovidos por ciertas ONGs y las propias autoridades regionales y locales en franco enfrentamiento con la autoridad nacional y el ordenamiento jurídico vigente, dan cuenta que es condición sine qua non identificar y empoderar a los interlocutores válidos para avanzar en el proceso.

Si algunos idealistas pensaban que con la negociación minera que generó el famoso aporte voluntario llamado "obolo minero" durante la anterior administración del Estado peruano, toda reclamación acabaría, se equivocaron. 

Los hechos se encargarían de demostrarles que siempre habrá discrepancias, sin embargo las controversias entre las partes podrán ser manejadas correctamente si es que se consideran a los socios estratégicos locales como pilares fundamentales para llegar a buen puerto en las negociaciones y la autoridad del Estado que mantenga permanente diálogo y atención oportuna para resolver antes y no después de generado el conflicto social.

Dos cosas caracterizaron las protestas antimineras post acuerdo político-económico, la clásica demanda socioambiental por el recurso agua (cantidad y calidad) y la inadecuada redistribución de los anhelados recursos provenientes del sector minero.

En consecuencia, la voluntad de armonía social en localidades próximas a las actuales y futuras labores mineras a la que el nuevo gobierno central apela y que para su proyecto de aplicar a los recursos provenientes de las sobreganancia minera, contempla un escenario sistémico donde es preciso argumentar y concordar sobre consideraciones, que podrían ser entre otras, las siguientes:

1. La soberanía nacional y el principio de autoridad no deben ser negociables. Es inadmisible negociar bajo presión, con carreteras tomadas, con personas naturales o jurídicas actuando sin control por encima de la Ley o bajo el radar de la supervisión o fiscalización, pues  ninguna actividad, por legítima que ésta sea, puede desarrollarse a costa del medio ambiente peruano.
2. La estabilidad jurídica y el respeto irrestricto a los contratos entre las partes son la base fundamental para el avance del proceso de negociación minera, detalle que es reconocido por prestigiosas instituciones a nivel mundial para el caso del Perú.
3. Despolitizar la actividad minera, el sector minero no es enemigo del crecimiento y desarrollo del país. No se ajusta a la verdad el dicho popular que la minería formal no pague los suficientes impuestos al fisco. Paga los impuestos que las leyes tributarias peruanas establecen.
4. Separar por un lado la aspiración del país por tener una mayor parte de las sobreganancias mineras y por otro, mantener a una parte de la fuerza laboral y a la población en general expectante sin obtener tangibles beneficios directos de la minería, dan como resultado inexorables fluctuaciones en la estabilidad social, con mayor énfasis en las áreas de concesiones mineras.
5. El problema central no es la falta de dinero proveniente de los impuestos captados del sector minero, el desequilibrio subyace en las dificultades de gestión en la captación,distribución y calidad del gasto de los recursos generados en el sector minero. El país deja de captar recursos de la minería informal y en el extremo no combate adecuadamente a la mineria ilegal. Las regiones y localidades que no son merecedoras de los conceptos de canon y regalías mineras sienten que no es justa la distribución de los recursos mineros de propiedad de todos los peruanos según la norma constitucional.
6. Las capacidades de las regiones beneficiadas con mayores recursos mineros deben fortalecerse para que mejoren en su capacidad y calidad de gasto.
7. El país pensar debe, si desea aprovechar la coyuntura de los actuales altos precios internacionales que se obtienen por los metales en el mercado. Si considera que es oportuno el momento, deberá impulsar el incremento de los niveles de producción.
8. El estado peruano debe presentar normas claras respecto al ordenamiento territorial a efectos de promover la captación de mayores capitales en inversiones de riesgo para exploración de nuevos yacimientos mineros.
9. La opción de dinamizar nuevas concesiones mineras deben pasar por generar la confianza de futuros inversionistas y aplicar criterios para optimizar la competitividad minera del país.
10. No puede soslayarse en las conversaciones el tema de los pasivos ambientales,adecuados cierres de minas, entre otros, bajo los impactos generados por los cambios climáticos en un país megadiverso como es el caso peruano.



La negociación minera debe verse como un proceso y no una mesa de diálogo después de los conflictos.



La discusión técnica del "sinseramiento minero", sin apresuramientos, como paso previo a la aplicación de medidas por parte del ejecutivo, de manera tal que se escuchen las posiciones divergentes y se discutan distintas fórmulas para llegar a un consenso con las mineras respecto a las sobre ganancias en el marco del desarrollo sostenible que demanda el país, es en estricto, un clamor del país que camina en búsqueda de su futuro.
En este extremo -por parte de algunas mineras- se han escuchado voces indicando que el marco de impuestos a sobreganancias mineras debe hacerse sobre la renta bruta y no sobre el proceso de extracción o el valor de venta para no elevar los costos de producción.
Sin perjuicio a los acuerdos que se tomen, consideramos que en el dialogo deba definirse e implementarse estrategias para mantener el liderazgo como país con oferta de inversiones social y ambientalmente responsables.
Es imprescindible que el  país  recupere  su capacidad  de  regulación pública, no se trata única y exclusivamente de hacer que la actividad minera tenga una mayor contribución al desarrollo nacional, ésta debe lograrse en desarrollo armónico entre el hombre y la naturaleza.