miércoles, 28 de marzo de 2012

Javier Prado Blas _Saneamiento & Mineria

El agua constituye el enlace entre los sectores saneamiento y minería, con una dimensión tan importante que introduce nuevas variables penetrando e inficionando los componentes social, político, económico y ambiental del que hacer nacional.
Lo que disemina  y aumenta los conflictos sociales en detrimento de la población asentada en zonas de tradición minera, se sustenta en el siguiente argumento incumplido de las administraciones de turno en el país:
“ampliar la cobertura de saneamiento y mejorar la calidad de los servicios de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario en beneficio de los usuarios, debido a que el sector público enfrenta rigurosas restricciones financieras para atender las inversiones y el mantenimiento adecuado de la infraestructura sanitaria”. Este argumento trivial, tiene en esencia que cambiar.
El reciente “Shock de inversiones en saneamiento” fue coincidente con el aumento de los precios de los metales en mercados internacionales y el repunte del sector minero peruano que contribuyó con el progreso logrado en el desarrollo nacional.
En este espacio, opinábamos respecto a los problemas presentados en las deficiencias para la calidad del gasto en saneamiento, apoyándonos en el indicador relación de trabajo de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) el cual, pese a las importantes inversiones realizadas, registró 0.65 (ó 65%) tanto para el año 2006 como para el 2010.
Existe una relación directa entre la ejecución de proyectos de infraestructura en saneamiento, el crecimiento del PBI y la competitividad del Perú y de sus regiones. Por ello, la falta de calidad en el gasto y los retrasos de los proyectos en saneamiento salen onerosos al país
En lenguaje coloquial, podemos indicar que antes y después del shock de inversiones realizadas (con parte de las contribuciones mineras) se mantiene constante la siguiente descripción en el sector saneamiento:
“Insuficiente cobertura de servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales; mala calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la población; deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos; Tarifas que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento de los servicios; el tamaño de los mercados bajo responsabilidad de las EPS no garantiza una buena gestión, no permite economías de escala ni viabilidad financiera; debilidad institucional y financiera; recursos Humanos en exceso, pocos calificados y con alta rotación en las EPS”. En suma, no se registraron mayores progresos.
Es más, la situación financiera de las 50 EPS reguladas actualmente por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS es  preocupante, la magnitud de deudas que arrastran devienen en impostergable una reestructuración de algunas más que otras EPS para que sean empresas financieramente viables.
En el 2003 el Instituto Peruano de Economía (IPE) estimaba (para 45 EPS registradas entonces) el orden de cuatro billones la brecha de infraestructura para saneamiento en los próximos 10 años a efectos de equipararse respecto a un país vecino. Supuestos considerando una situación de eficencia de gestión en las EPS, condición que no se cumplió.
En el 2006, cuando estábamos en SUNASS precisábamos la grave situación en que se encontraban las EPS, diagnosticando las razones técnicas y otras que obedecían a la interferencia política en los gobiernos locales que determinaba una tendencia decreciente de las inversiones y la gestión ineficiente de estas EPS.
Decíamos entonces que la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional era crítica, por razones de obsolescencia, insuficiencia y cobertura. Pese a los esfuerzos legislativos como la Ley para optimizar la gestión de las EPS, que entre otras consideraciones tocaba aspectos de la reestructuración de las deudas de las EPS, no se llegó a buen puerto en el sector saneamiento.
Es así que pasado el tiempo, la situación no ha mejorado a pesar del flujo de inversiones, por ello sostenemos que el acompañamiento de una mejor gestión en las EPS, el fortalecimiento  del regulador y actualización del marco regulatorio en saneamiento resultan indispensables para mejorar en acceso al agua de la población y por consiguiente , en la adecuada relación entre el sector saneamiento y minero.
En consecuencia, la decisión política de la reciente  administración del Estado peruano, pasa por continuar la política de gobierno en saneamiento y su relación con la minería de la anterior administración saliente, o  sentar las bases para desarrollar una Política de Estado en el uso adecuado del recurso agua  que consolide el desarrollo sostenible del país. 

LAS CIFRAS

  • En el periodo 1985-2005 (veinte años), las inversiones en Saneamiento fueron del orden de los tres mil millones de dólares.
  • En el periodo 2006-2010 (cuatro años), se invirtió en Saneamiento el orden de los dos mil millones de dólares.
  • En el periodo 2006-2011 (cinco años), los conflictos sociales en Perú produjeron 195 muertos y 2312 heridos.
  • En el periodo entre Enero y Noviembre del 2011 (11 meses), las inversiones en minería en Perú ascendieron al orden de los 6 mil millones de dólares. 71.9 por ciento más respecto al mismo período del 2010.
  • Las reservas internacionales del país superan los 50 mil millones de dólares.
  • Perú ocupa el puesto catorce (14) en el acceso a agua potable de dieciocho (18) países de América Latina.
  • En Perú cuatro (4) de cada diez (10) niños menores de cinco (5) años no tienen acceso a agua limpia y esos cuatro (4) niños son de familias rurales. (índice de oportunidades Humanas publicado en el libro "Midiendo y entendiendo la evolución de las oportunidades para los niños en el Perú).

domingo, 25 de marzo de 2012

Javier Prado Blas _ Corrupción y minería ilegal

En la línea que estábamos comentando respecto a la corrupción como correlato de las causas de los conflictos ambientales , presentamos seguidamente como ve la prestigiosa agencia de noticias internacionales EFE la corrupción asociada a la minería ilegal en Perú.
"Un largo y ancho rastro de barro contaminado y estéril marca el paso de la corrupción y de la minería ilegal por lo que antes era selva amazónica en Madre de Dios, en el sureste peruano.
A lo largo de decenas de kilómetros entre la nueva carretera Interoceánica que une Brasil y Perú, y el río Manuani, un afluente del Malinowsky que marca el límite de la Reserva Nacional Tambopata, el paisaje es lo más parecido a la desolación que hubiera causado un intenso bombardeo de napalm.
La huella tiene unos cinco kilómetros de anchura y en ella no queda vida: ha desaparecido totalmente la fina capa de suelo fértil que alimenta la Amazonía, declarada Maravilla de la Naturaleza el 2010 por la Unesco y el ecosistema con mayor biodiversidad de la Tierra.
Pero tampoco quedan ya las dragas, bombas de succión, tractores, palas mecánicas, botellas de mercurio y de cianuro; ni están las carpas de plástico que alojaban camastros, bares y prostíbulos, porque los buscadores de oro ilegales ya han movido su campamento un par de kilómetros a lo largo del corredor.
Comuneros del río Manuani, que intentan contener el avance de la minería ilegal en sus tierras terrenos y en la reserva, mostraron a un par de periodistas, entre ellos al enviado especial de Efe, dónde estuvo hace semanas el campamento minero, una zona que llaman La Pampa, pero al lugar donde se han instalado ahora, advirtieron, los extraños pueden ir pero no volver.
Los ánimos están especialmente caldeados entre los mineros ilegales después de los tres muertos que sufrieron en un enfrentamiento con la policía en Madre de Dios, hace una semana, cuando protestaban por las nuevas leyes que intentan poner algo de orden en la minería fluvial.
Durante las protestas, según dijeron testigos a Efe, dirigentes mineros "empadronaban" a los manifestantes para darles luego 70 soles (unos 27 dólares), sueldo que aumentaron a 100 soles según iba en aumento el número de policías.
Cada dos o tres meses los mineros ilegales no solo mueven su campamento con su maquinaria pesada y sus tiendas, sino que arrastran su séquito de mujeres y niñas menores de edad que ejercen la prostitución o son forzadas bajo cuatro palos clavados en el barro y cubiertos por una lona de plástico.
En lo que cuelga de lo que fue uno de esos burdeles de cuatro metros cuadrados todavía se puede leer el nombre comercial del local: La Chapita.
Los comuneros del Manuani, agricultores, recolectores y muchos de ellos mineros artesanales con reducido impacto medioambiental -aunque también utilizan mercurio-, denunciaron a las bandas de mineros ilegales que con su maquinaria pesada invadieron la zona hace cinco años, coincidiendo con la apertura de la carretera.
De nada sirvió las denuncias, según reconocen, y poco después tuvieron que enviar a sus mujeres y a sus hijas a Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios, porque los mineros ilegales están bien armados y en los campamentos se consume mucho alcohol.
Aunque el gobierno central, en Lima, ha dicho recientemente que luchará contra la minería ilegal, para los habitantes de la región que hablaron con Efe bajo la condición de anonimato la corrupción en la región es imparable.
Según su relato, la corrupción comienza con la concesión de permisos forestales a un grupo maderero en la "zona de amortiguamiento" de la reserva natural de Tambopata.
Estos madereros limpian de árboles la zona y la alquilan a los mineros, aunque, ante una eventual e improbable acusación, afirman que su territorio ha sido invadido por los buscadores de oro.
Después viene el alquiler - en oro - de maquinaria pesada y potentes bombas de succión a los mineros por parte de empresarios, negociantes y autoridades, incluso uniformadas, que las trasladan desde regiones del Perú donde no están controladas.
Por la carretera la policía pide los permisos a las camionetas que trasladan familias, pero los camiones con la maquinaria pesada a la vista circulan sin problemas, criticó uno de los comuneros.
Con maquinaria para procesar las toneladas de arena necesarias para obtener unos pocos gramos de oro, ya solo faltan nuevas armas y más mujeres y niñas "importadas" desde otras regiones más pobladas de Perú para que el campamento quede de nuevo instalado.
Desde él, y con la complicidad de madereros y fiscalizadores, la franja de desolación y barro avanzará un par de kilómetros más, la selva recibirá una herida bien visible desde el aire y el mercurio y el cianuro contaminarán más aguas del río Manuani, la cuenca de la reserva y la del Amazonas.
Pero el problema es aún mayor. La Pampa es solo uno de los centenares de lugares donde la minería ilegal arrasa los ríos de Madre de Dios: según cifras oficiales al menos hay 50.000 mineros en la región, y 18 toneladas de oro mensuales dan para mucho, en perjuicio de la amazonía peruana".

sábado, 24 de marzo de 2012

Javier Prado Blas _ Tratamiento de Minería ilegal en Región.

La presencia de la minería ilegal que contamina aguas arriba antes de ingresar el recurso hídrico ya contaminado a territorio peruano, es tratado por la agencia Andina de la forma siguiente:
“El Perú considera necesario que la minería ilegal sea abordada como un problema regional a fin de diseñar políticas conjuntas con todos los países del ámbito latinoamericano, informó el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.
Jiménez Mayor dijo que esta postula la transmitió al secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, con quien sostuvo una reunión en la ciudad de Washington.
“La minería ilegal la compartimos con Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y algunos países de América Central. Creemos que ha llegado el momento de que se vea a nivel regional, como parte de los problemas que debemos afrontar conjuntamente todos los países”, indicó.
Añadió también que en el encuentro con el alto funcionario de la OEA expuso sobre el “paquete normativo” aprobado por el Gobierno del Perú para combatir la minería ilegal y que incluye normas que penalizan esta actividad.
“Hubo interés en conocer cómo estamos afrontando este problema y creemos que es una posibilidad muy interesante para considerar apoyo de otros países y luchar de una manera conjunta”, indicó.
El ministro peruano añadió que la minería ilegal es una actividad que “está afectando los derechos humanos” en los países y destacó que el Perú es el primer Estado que está afrontando el problema de una “manera enérgica”.
“(…) Hemos señalado que la minería ilegal es una actividad que en el futuro se va a convertir en algo similar a lo que actualmente es el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado”, añadió tras destacar también la reunión con representantes de Diálogo Interamericano.
Jiménez viajó a Washington con la finalidad de participar en una serie de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vinculadas al Perú.
Entre ellas se encuentran la medida cautelar presentada por organizaciones no gubernamentales para paralizar el proyecto minero Conga, en la región norandina peruana de Cajamarca, en la cual se señala que no han sido consultados sobre este tema.
Al respecto, dijo que la delegación peruana ratificará que el estado de emergencia decretado en Cajamarca por el caso Conga ya ha sido desactivado y que no pudo aplicarse la consulta previa, pues cuando se inició el proyecto aún no se había creado ese mecanismo”.

viernes, 23 de marzo de 2012

Javier Prado Blas _ Causas de conflictos sociales

De la escalada de conflictos sociales en Perú se le atribuye un importante número de ellos a los que se encuentran focalizados en zonas donde se desarrollan labores y prospectos mineros,estableciendo que las consideraciones medioambientales son en estricto los generadores de los problemas. No es tanto así.
Es cierto que una de las causas de los conflictos radica en el temor de las poblaciones a la potencial contaminación que pudieran ocasionar las actividades extractivas, entre las que se encuentran las mineras.
Sin embargo, no es la única, pues paradójicamente abonan a la realidad del contexto minero, una razón no menos importante que influye en la conflictividad de la sociedad peruana y perjudica directamente a la industria minera : la corrupción en las empresas de carácter público que se encuentran diseminadas en el territorio nacional.
Una de ellas son las denominadas Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), que en número de cincuenta (50) se encuentran encargadas de la prestación del servicio de agua para el consumo humano de la población  (50 son las empresas bajo regulación en el país pero existen otras más funcionando informalmente).
 Adicionalmente existen las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS) que en número indeterminado (porque no existe registro en el país) se encuentran funcionando en las zonas rurales, poblados menores y caseríos; donde en muchas de ellas se posesionan los actores sociales que tienen que ver con las labores mineras.
En suma, el problema de los denominados conflictos socio ambientales se traduce también en la anarquía existente en la gestión de estas EPS que en la actualidad se encuentran en una grave situación económica y financiera, pues muchas de ellas necesitan un plan de salvataje a corto y mediano plazo.
Para muestra se presenta seguidamente algunos casos escandalosos de los muchos registrados en los últimos años en Perú:
Se presenta entonces por un lado con un escenario donde se encuentra un sector de población sin mayor nivel cultural , que toma conocimiento - por los medios de comunicación masivas de los precitados actos de corrupción no castigados – y de otro lado, con la insuficiente comunicación e información de las empresas mineras que no deslindan claramente de los actos de corrupción recurrentes que pudieran producirse con el dinero producto de sus impuestos o donaciones como aportes diversos a este tipo de empresas que brindan servicios públicos, haciéndoles vulnerables a la manipulación por parte de elementos interesados en promover y generar desorden con el discurso de “defensa del medio ambiente” ante una colectividad ya sensibilizada con los escándalos relacionados con el acceso a la tierra y al agua.

viernes, 16 de marzo de 2012

Silencio del discurso antiminero frente a una mineria ilegal - II

En Octubre del 2010, en este espacio nos referíamos a cerca del Silencio del discurso antiminero frente a una minería ilegal, mencionábamos en ese entonces los detalles de fondo que en la actualidad la revista Poder 360° expone con palpitante actualidad de la siguiente forma:
"La ficha que uno debe llenar para subir a un taxi colectivo en Puerto Maldonado es el último contacto que hay con la legalidad más elemental en varios cientos de kilómetros a la redonda. Dos horas y media después, el vehículo llegará a Mazuco, un pueblo que existe gracias a la carretera Interoceánica y a la minería informal, y que es como un gran centro comercial donde uno puede comprar desde sandalias de plástico hasta un tractor, pero nunca pescado. Aquí uno debe subirse a una mototaxi que, luego de cruzar caminos de piedras, llegará al pequeño puerto.
El río Inambari se puede cruzar en bote solo cuando no está ni muy bajo ni muy crecido, porque la cantidad de personas que lo atraviesa al mismo tiempo, más la carga de equipajes y bolsas llenas de productos de todo tipo, suponen un riesgo si se tiene en cuenta la fragilidad de la embarcación. A veces hay chalecos salvavidas; otras, no. Al otro lado del río hay un puerto similar, que también huele a petróleo donde esperan alineadas varias camionetas 4x4 especialmente acondicionadas para lo que sigue, es decir, para cruzar un río más pequeño con una decena de personas a bordo y para penetrar algo que antes fue selva verde y que ahora es un terreno lechoso, fangoso, sucio y desordenado aunque muy activo que, al final de la ruta, en su punto más crítico, se llama Huepetuhe.
En todo este recorrido uno ha podido escuchar, a veces sin siquiera preguntar, historias de todo tipo sobre una tal ‘Goya’. Los relatos más creíbles hablan de una mujer que, pese a su presencia casi invisible, controla todo el negocio de la minería informal en el pueblo y que ha acumulado una riqueza tal que hasta tiene una casa en Estados Unidos. Hay quienes dicen haberla visto pasear con una botella de gaseosa repleta de láminas de oro obtenidas en Huepetuhe, y que en las fiestas ella sacude y hace sonar a modo de matraca. De esto hay muchos testigos, incluidos antiguos choferes y guarda espaldas suyos. Pero también hay quienes comentan –pero sin que nadie más escuche– que hay varias mujeres jóvenes y foráneas que han desaparecido en sus concesiones mineras en ritos extraños relacionados con pagos a la tierra. De esto no hay testigos, y tampoco hay –por ahora– modo alguno de comprobarlo, pero es parte de la oscura leyenda que rodea a este personaje. Gregoria Casas Huamanhuillca, ‘Goya’, no se deja ver. A menos, claro, que ella quiera.
La historia de la minería informal en Madre de Dios es la historia de Huepetuhe, pero la historia de Huepetuhe es la historia de ‘Goya’. Y cada una es más sórdida que la otra.
LAS FIRMAS DE LA INFORMALIDAD
Claro, aún hay mucha informalidad, pero eso es culpa del Estado, que no está presente”, se lee en una página del diario El Madrediosense de noviembre del 2007. La frase pertenece a Cecilio Baca Fernández, uno de los primeros pobladores de Huepetuhe. Cusqueño de nacimiento, Cecilio pisó Madre de Dios a mediados del siglo pasado para cumplir su servicio militar obligatorio. Atraído por la industria maderera, que por aquel entonces empezaba a tomar impulso en esta región del país, llegó a Huepetuhe, que en el dialecto arasaire-harakmbut significa ´río de tigre’.
Un día, Cecilio buscó a una mujer. Al principio fue su sirvienta, pero con el tiempo se convirtió en su esposa. Gregoria Casas Huamanhuillca no sabía –no sabe aún– leer ni escribir, pero era muy rigurosa con las cuentas. Poco a poco, ambos fueron adquiriendo terrenos que primero habían sido explotados para extraer madera, pero que debajo de la superficie estaban llenos de oro. Con el paso de los años, un pueblo entero se formó alrededor de las concesiones mineras. De hecho, la zona ‘urbana’ de Huepetuhe se estableció sobre lo que es una concesión minera de esta temida familia. Y el pueblo es suyo desde el punto de vista comercial, pero también político: Cecilio fue su alcalde cuando este lugar pasó de ser centro poblado menor a distrito.
El registro de concesiones mineras en Madre de Dios indica que ‘Goya’ maneja cuatro concesiones, que en total suman 700 hectáreas, mientras que Cecilio –de quien luego se divorció, aunque mantienen los mismos vínculos comerciales– es titular de otras cuatro concesiones que suman, en total, 845 hectáreas. Ambos, además, tienen otras concesiones en proceso de trámite por un total de 600 hectáreas. En Huepetuhe nadie entrega facturas ni boletas, no hay sucursales bancarias ni controles fiscales. No hay siquiera cajeros automáticos. Por esta razón nadie sabe exactamente cuánto oro extrae esta familia, la más poderosa de la región, ni cuánto dinero moviliza cuando se traslada de Cusco a Madre de Dios y viceversa en sus modernas camionetas, resguardada siempre por guarda espaldas, llevando el dinero –que no es poco– en efectivo. En un sector de la zona de trabajo minero, a la que ningún foráneo tiene acceso, ‘Goya’ mandó colocar una placa en la que se lee “Grupo Baca”. Hace pocas semanas, sus tractores ingresaron a un terreno que era ocupado por los llamados ‘mineros sin tierra’ (que vienen de paso, extraen oro y se van) y derrumbó sus campamentos para utilizar ella ese espacio. Este es su imperio. Huepetuhe se debe a ella y ella se debe a Huepetuhe, por más indigna que esta ecuación resulte.
No hay cifras exactas, decíamos, pero sí cálculos cercanos. Hace pocos meses, técnicos del Gobierno Regional de Madre de Dios tomaron, a modo de muestra, las concesiones ‘Cecilio Gregoria’ y ‘Aluvial 93’, pertenecientes a esta familia. Encontraron que al día en estas concesiones se moviliza un promedio de 960 metros cúbicos de tierra con un equipo básico conformado por un cargador frontal y un volquete. Extendiendo esta cifra a toda la maquinaria instalada en la zona, se dedujo que en Huepetuhe y sus alrededores se comercializa alrededor de 450 kilos de oro al mes. Si se calcula que 1 kilo de oro equivale a US$60.500 (cada onza se cotiza en US$1.716), deducimos que la cantidad de dinero que aquí se moviliza es obscena (unos US$27 millones al mes).
Todos los días, a toda hora, en algún rincón de este pueblo se está extrayendo, vendiendo y comprando oro. Y, según revela un funcionario –que prefiere mantenerse en el anonimato , por seguridad– de la oficina de Fiscalización de la Dirección Regional de Energía y Minas, en todo el proceso (extracción, venta, compra) se infringe una cadena interminable de normas ambientales, laborales y legales, cuyas sanciones resultan siendo parte del problema. Un ejemplo: en la resolución 031-2004 del Ministerio de Energía y Minas, promulgada el 3 de febrero del 2004, se da cuenta de una inspección llevada a cabo en tres concesiones pertenecientes a Cecilio Baca y Gregoria Casas, para verificar el cumplimiento de normas ambientales, laborales y de higiene minera. A modo de sanción, se exigió un pago de S/.10.602,04. Cuando el ministerio anunció que aplicaría un cobro coactivo por el incumplimiento del pago correspondiente, ‘Goya’ visitó personalmente la oficina de la Dirección Regional de Energía y Minas y aseguró que ya había cancelado ese monto al Banco de la Nación, y hasta mostró los sellos de caja que le fueron entregados. Ella no podía leerlos por su condición de analfabeta, pero sí sabía exactamente para qué sirven estos papelitos. Un par de llamadas a los directivos del banco y un cruce básico del registro de ingresos demostraron que ‘Goya’ había falsificado los vouchers. Tiene suficiente dinero como para pagar multas aún mucho mayores, y lo ha demostrado más de una vez: antiguos funcionarios de la oficina de la Sunat en Madre de Dios cuentan que en una inspección llevada a cabo en Huepetuhe se exigió personalmente a ‘Goya’ el pago de varios cientos de miles de soles por concepto de multas por evasión, y que ella le pidió a un empleado suyo que le alcanzara un maletín y allí mismo, frente a los funcionarios estupefactos, contó cada billete y cada moneda y pagó su multa en efectivo. Pero en aquel caso, cuando ‘solo’ debía pagar S/.10.602,04, prefirió falsificar un papel. La resolución, firmada por el entonces ministro Hans Flury, dictaba iniciar acciones legales contra esta familia.
Esa fue la primera huella de ilegalidad que dejaron en su camino los magnates del oro en Madre de Dios. La primera, pero no la única.
LA SELVA YA NO ES VERDE
Había una piscina en Huepetuhe, la única del pueblo. Era parte de un hotel medianamente decente, de cinco pisos, de habitaciones con vista al río. El edificio ahora luce abandonado, torcido hacia un lado, y la piscina –que ocupaba el cuarto piso– está ahora en el primero. Los tres primeros pisos están enterrados bajo varias capas de relaves mineros que se han desplazado con el paso de los años. De hecho, ocurre cada cierto tiempo: los habitantes de este pueblo se dan cuenta de que el muro arenoso de contención, que años atrás fue levantado, está próximo a ser sobrepasado, lo que significa el inminente desembalse de los ríos de barro y mercurio seco. Y no hay cómo detenerlo. Hay comerciantes que, bajo lo que es ahora son sus tiendas, tienen acumulados productos –repuestos para camiones, motores, herramientas– que no pudieron recuperar. Y, ni modo, compraron un poco de madera y levantaron un piso nuevo. Y así. La vida no se acaba en Huepetuhe porque hay oro y porque ‘Goya’, el eje de esta economía infestada de ilegalidades, necesita que trabajen para ella. Hay que extraer oro y rápido; luego habrá tiempo para pensar en una nueva piscina.
Un periodista de un canal de televisión de Madre de Dios es uno de los pocos que ha logrado entrevistar a ‘Goya’. Ella lo citó, junto a un grupo reducido de personas, en uno de sus campamentos. Para llegar a este lugar se debe atravesar la carretera de Huepetuhe, que en realidad era el río, pero en vez de agua hay relaves mineros que el sol seca y por los cuales perfectamente se puede transitar, incluso en los camiones más pesados. No hay río y por lo tanto no existe aquí un solo pez. El periodista recuerda que ‘Goya’, para jugar un poco con la idea de hasta dónde puede llegar su riqueza, les sirvió camarones, un plato físicamente imposible de obtener en la zona. Ese mismo reportero, por criticar a los poderosos gremios mineros de Madre de Dios, ha sido agredido e insultado y ahora ‘colecciona’ mensajes de voz amenazantes en su celular.
Pocos son los dueños de Huepetuhe; dueños, se entiende, en sentido comercial, que es el único orden aquí. Algunas de las mayores fortunas locales pertenecen a las familias Cosme Quispe y Huaquisto, así como a la empresa Sur Amazónico –todos estos dedicados, también, a la extracción de oro informal–, pero en cantidades muy menores comparadas con la enorme porción de territorio que pertenece a las familias Baca Casas, Baca Fernández, Baca Gutiérrez y Baca Condori; es decir, a Cecilio Baca, Gregoria Casas y sus hijos. Uno de ellos, Marco Baca, llegó a ser presidente de la federación de mineros locales, y representante, casi al mismo tiempo, de la concesionaria de Volvo en el lugar. Es decir, el poder económico de esta familia no tiene límites. En sus dominios ocurre de todo: luego de una inspección llevada a cabo a finales de junio del 2010, y en la que participaron inspectores laborales y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, se sometió a investigación a 12 empresas locales, entre ellas ‘Baca Fernández Cecilio’ y ‘Goya’, que han acumulado denuncias por informalidad laboral. Esto, por cierto, es un eufemismo de lo que realmente ocurre en estos campamentos, donde la explotación y marginalidad y la ausencia de condiciones mínimas de seguridad es lo más común.
Años atrás, cuando ya el imperio de ‘Goya’ marcaba un rumbo sostenido gracias al incremento en el precio internacional del oro, otros mineros informales y artesanales se desplazarían y buscarían nuevos territorios a los cuales ingresar sin ningún tipo de control. Huepetuhe era ya, y es y seguirá siendo, un enorme forado, un tajo mal abierto. Las fotos aéreas que acompañan estas páginas así lo demuestran. Por cierto, imágenes muy similares componen el póster que venden algunos ambulantes en la plaza de Armas de Puerto Maldonado, bajo el eslogan “Huepetuhe, capital peruana del oro”. En ellos aparecen, sin pudor alguno, los cerros ya pelados y las enormes máquinas y el pueblito reducido, casi escondido. Solo se han borrado, quizá por estética simple, las imágenes de los gallinazos que abundan en el lugar. Huepetuhe representa el inicio de la decadencia de Madre de Dios.
Aún queda la impresión de que en la capital de Madre de Dios, la capital de esta región, los problemas siguen siendo otros. Cuando Mick Jagger viajó de Cusco a Puerto Maldonado, en octubre del 2011, en medio de diplomas y medallas y llaves de la ciudad y otras condecoraciones folclóricas, él les comentó a algunas autoridades presentes un problema que vio desde la pequeña ventana de su avión: el lado oscuro y marrón y ya perdido de la selva.
Madre de Dios: la maldición de los recursos naturales
En la sede de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Madre hay una oficina amplia y silenciosa en la que están repartidas, como si de una reciente mudanza se tratara, varias cajas enormes de cartón, que dentro guardan expedientes del grosor de un ladrillo. Son los estudios básicos de impacto ambiental remitidos por los mineros de Madre de Dios. Un funcionario de esta oficina, que se pasa la vida –literalmente– leyendo estos documentos, comenta que desde el 2009 hasta la fecha a esta oficina han llegado 554 expedientes, de los cuales solo se han podido certificar 88. Antes eran dos las personas que debían revisar cada uno antes de poner el sello correspondiente; ahora son seis. En promedio, el expediente más sencillo y con menos errores demora entre tres y cuatro días en ser corregido. El minero informal, mientras espera, decide empezar a operar. Ocurre siempre, todo el tiempo, todos los días. ¿Quién lo va a sancionar?
Un estudio elaborado en el 2009 por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y el Ministerio del Ambiente indica que si los mineros de Madre de Dios pagaran impuestos por los S/.1.600 millones que se comercializa cada año, la región obtendría alrededor de S/.50 millones para obras públicas. Pero esta actividad solo reporta impuestos por una cantidad ridícula de dinero: S/.42 mil.
Ante este panorama comienza, entonces, el juego político. Aquiles Velásquez, presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios (Fedemin), asegura que ellos, los mineros informales, sí quieren convertirse en formales, pero que el gobierno no se los permite y les impone leyes y normas imposibles de cumplir. La culpa, dice, la tienen ‘los otros’.
‘Los otros’ son las autoridades. Ernesto Montañez, el director regional de Energía y Minas, la tiene más clara, al parecer. “Este no es un tema social ni ambiental ni económico; es un ilícito penal el que se está cometiendo”, señala. El decreto 012 del Ministerio del Ambiente, promulgado en el 2010, prohibía el uso de dragas y otras herramientas de succión en los ríos, y autorizaba a las Fuerzas Armadas para que las destruyeran. Así se hizo. El problema es que esos mismos mineros ahora están en tierra firme, y no hay un decreto que ordene desplazarlos. A lo mucho, explica Montañez, los efectivos policiales y militares destruyen la bomba de inyección de los motores, pero estas se consiguen luego muy fácilmente. Agrega el funcionario: “Como el Gobierno Regional, entonces, decidió no entregar más concesiones, los mineros se movilizaron y compraron el kit de revocatoria del presidente regional, José Luis Aguirre”. Y ahí están, en una carpa en la Plaza de Armas de Puerto Maldonado, recolectando firmas que valen oro, literalmente.
¿Hay alguna solución, siquiera parcial? César Ipenza, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y ex asesor del ministro Antonio Brack, afirma que Madre de Dios sufre la “maldición de los recursos naturales”. El experto comenta que lo primero que debe hacerse para combatir la minería informal es saber realmente a qué se enfrenta el Estado, de qué tamaño es el monstruo. “Lo primero que se debe hacer es ponerlos en evidencia, demostrar que no son pequeños productores mineros, sino gente de mucho dinero. La Sunat y otros organismos deben desenmascararlos, primero, para evitar que se sigan acogiendo a los beneficios de la pequeña minería”.
El Ejecutivo ha anunciado recientemente que evalúa una serie de medidas para seguir combatiendo a los mineros ilegales, entre ellas la tipificación de esta actividad como delito sancionado con prisión efectiva. Mientras tanto, y como demuestran los mapas, los mineros ya se apostaron con sus máquinas y su mercurio y sus prostíbulos y su impunidad sobre la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural de Tambopata. Esta reserva, curiosamente, fue el destino turístico amazónico más visitado por turistas extranjeros durante el 2011.
LAS CIFRAS
1.545 hectáreas tienen en concesión 'Goya' y su exmarido en Huepetuhe. Otras 600 hectáreas se encuentran en trámite
27 millones de dólares se mueven mensualmente en Huepetuhe. La mayor parte del dinero llega al imperio de 'Goya'
18.000 kilos de oro extraen anualmente los mineros informales de Madre de Dios
70 toneladas de mercurio y otros químicos son vertidos a los ríos de Madre de Dios anualmente, debido a la actividad minera en la región
1.100 adolescentes son explotadas sexualmente en los bares, cantinas y prostíbulos ubicados en zonas mineras como Huepetuhe, Guacamayo, Delta 1, La Pampa, entre otras".

miércoles, 14 de marzo de 2012

Estado de derecho Vs Minería ilegal

El ministro del Interior, Daniel Lozada, dio detalles, en comunicación con Radio Programas del Perú _Noticias, de los sucesos ocurridos en Madre de Dios y confirmó que hay tres personas fallecidas y 60 detenidos tras los enfrentamientos registrados esta mañana (14/03/2012) entre la Policía y mineros.
No obstante, refirió que la situación está siendo controlada con los efectivos policiales destacados en la zona, haciendo esfuerzos para que los negocios y la actividad económica continúen ya que, según precisó, la ciudadanía quiere trabajar y está en contra de los disturbios propiciada por mineros ilegales.
A tempranas horas un grupo de mineros informales intentó bloquear el puente Guillermo Billinghurst, que pertenece al Tramo 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, pero fueron dispersados por miembros de la policía. Otro grupo de manifestantes intentó tomar el Aeropuerto Internacional Padre José Aldamiz. Confirmando los hechos expuestos, Lozada manifestó que los mineros están actuando al margen de la ley, utilizando explosivos y materiales en contra del orden público. ‘Quisieron tomar el aeropuerto, manifestantes tenían previsto cortar el puente Billinghurst. Quemaron un motocar y llantas’, detalló.
El titular del Interior lamentó la muerte de tres civiles adultos de 41, 46 y 30 años respectivamente. Además dijo que hay 26 heridos, entre ellos nueve policías y 17 manifestantes; así como un total de 60 detenidos.

sábado, 10 de marzo de 2012

Inversión minera & Regulación

En Perú, quienes cuestionan el modelo extractivista de desarrollo basado en el sector minero, sostienen que después de años de inversiones efectuadas en áreas con tradición minera, existen poblaciones locales que aún no cuentan con adecuados servicios de agua potable y alcantarillado, sin embargo, asumen secuelas de los daños ambientales, escalando así en los ya conocidos conflictos socio ambientales y oposición cerrada a nuevas inversiones mineras como es el caso de la Minera Conga en Cajamarca.
Entonces se responsabiliza a la minería porque supuestamente no distribuye ni comparte adecuadamente los beneficios que genera.
Ciertamente la conciencia colectiva percibe que la minería contribuye con sus impuestos al crecimiento y desarrollo del país, pero no tiene aún muy clara la imagen del porque no le llegan directamente los beneficios en saneamiento, salvo por acciones puntuales realizada en el marco de las actividades de responsabilidad social en el área de influencia de alguna determinada labor minera.
Trataremos entonces de explicar el porqué se da esta figura en el país.
Una determinada compañía minera, no va mas allá en la atención del tema de Saneamiento porque es labor que corresponde y ejecuta el Estado Peruano a través del Ministerio correspondiente y gestionada por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento  (EPS) a cargo de municipios provinciales , salvo en el caso de Lima y Callao que responde a gestión pública del Gobierno Central a través del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado_FONAFE  y la EPS (Aguas de Tumbes S.A) en Tumbes que responde a un servicio concesionado a partir del año 2005. De otro lado, estas EPS, independientemente de su carácter pública o privada son reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento_ SUNASS.  
Para ser más precisos, nos refereriremos al periodo 2006-2010.
Es así que en éste  periodo se invirtieron S/. 4,772.9 millones de nuevos soles para mejorar la prestación del servicio de agua potable y  alcantarillado.En el precitado periodo, se realizaron importantes inversiones para agua y saneamiento, lapso coincidente con el aumento de los precios de los metales en mercados internacionales y el repunte del sector minero peruano que contribuyó con el progreso logrado en el desarrollo nacional.
Para ver cuan efectivo fue el aporte financiero en EPS, nos apoyaremos en el indicador Relación de trabajo que mide la situación económica-financiera de las EPS.
Este indicador financiero está definido como la relación que existe entre el Costo Operativo (Costo de Ventas, Gasto de Ventas y Gastos Administrativos) en el que incurre una empresa, sin incluir la Depreciación y Provisión de Cobranza dudosa del período, y los Ingresos Operacionales totales que obtiene.  Es decir, nos indica la proporción de los costos y gastos desembolsables que logran ser cubiertos por los ingresos operacionales que percibe la empresa.
Este indicador es de gran importancia para garantizar la sostenibilidad de los servicios, puesto que si es mayor que Uno (1), la empresa no estaría cubriendo la totalidad de sus costos y gastos desembolsables con la tarifa que estarían aplicando, lo cual pondría en riesgo las operaciones de la empresa, impidiendo asimismo la ejecución de inversiones con recursos propios, lo cual contribuye a la desmejora de la calidad de los servicios.
Ahora veamos el siguiente dato oficial publicado por el Organismo Regulador SUNASS.

Relación de trabajo en EPSs en el año 2006 (0.65 ó 65%) es similar para el año 2010.
Del gráfico se desprende que pese a la importante inversión realizada por el estado peruano en el periodo 2006-2010, el indicador de la relación de trabajo de las EPS no avanzó y registra el valor 0.65 (65% visto en términos de porcentaje como lo expone el regulador) tanto para el año 2006 como para el año 2010.
Sin duda, el panorama durante el periodo evaluado, no fue muy alentador ya que el alto nivel de endeudamiento de algunas EPS las ha llevado en muchos casos a procesos de insolvencia.
El punto es que la prestación de los servicios de saneamiento brindados por las EPS no mejoraron pese al mayor aporte através de los impuestos de las diferentes empresas mineras  que desarrollan actividades en territorio nacional.
Algunos indican que la precaria situación obedece a un tema de corrupción y al empoderamiento del regulador por parte de la administración del Gobierno Central, porque la Contraloría General de la República detectara irregularidades en la ejecución de obras de Saneamiento a cargo del programa "Agua para Todos", las mismas que generaron pérdidas por más de 6 millones de nuevos soles , pero éstas conclusiones de las auditorías a las gestiones realizadas en esa institución fueron para el periodo 2009-2011 y la mayoría de obras observadas fueron ejecutadas en dos regiones : Junín e Ica.  
Otras voces indican que el organismo Regulador simplemente no realizó eficazmente su trabajo y no reguló lo que debió regular , limitándose a realizar una labor similar a la desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática pero en el área de saneamiento.  
Indistintamente de lo que fuera la causa, alguien no ejecutó bien su trabajo en el desarrollo del modelo para el referido periodo de análisis  y que el aporte del sector minero, independientemente que sea o no el apropiado, no tiene ingerencia y mucho menos responsabilidad funcional en el tema regulatorio del sector saneamiento, dicho de otra forma, el sector minero no es responsable de la precaria situación del sector saneamiento que pese al importante crecimiento económico de los últimos años el Perú ocupe el puesto catorce (14) en el acceso a agua potable de dieciocho (18) países de América Latina, ni que en nuestro país cuatro (4) de cada diez (10) niños menores de cinco (5) años no tengan acceso a agua limpia y esos cuatro (4) niños son de familias rurales, tal como lo reconoce el índice de oportunidades Humanas (IOH) publicado en el libro " Midiendo y entendiendo la evolución de las oportunidades para los niños en el Perú" (Elaborado por el Banco Mundial).

miércoles, 7 de marzo de 2012

Deuda de EPS y el sector minero


Ante la serie de consultas respecto a la forma y el alarmante nivel de acumulación de la deuda que presentan las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) en Perú ( deben el orden de los tres mil millones de dólares) y la influencia del aporte minero, debemos decir que de un lado se encuentra la ineficaz acción de cumplimiento de normas existentes para con el  organismo regulador y de otro, los incentivos perversos  en la política tributaria aplicada en el sector Saneamiento. ( A SUNAT las EPS le deben unos US$750 millones por Impuesto a la Renta). Respecto a la influencia del aporte minero, éste contribuye a que la situación crónica no se agudice.
El tratamiento de esta problemática es un tema de actualidad que justamente el día de hoy (07 de marzo del 2012), el decano de la prensa peruana, se ocupa refiriéndose en este caso desde la perspectiva del fútbol.
Parte del Editorial de "El Comercio", menciona que el salvavidas lanzado esta semana a los clubes tiene hueco: crea todas las condiciones para que nunca se reforme su crónica problemática.
Lo que los clubes necesitan no es solo cambiar a sus dirigentes, sino cambiar los incentivos bajo los que hoy operan irresponsablemente estos y los asociados encargados de elegirlos y fiscalizarlos. En cambio, lo que se ha logrado es enviar el mensaje de que, sin importar lo que hagan estas organizaciones en el futuro, no tienen motivos para preocuparse por gestionarse responsablemente porque el Estado no las dejará quebrar.
Continúa refiriendo que el decreto es una legalización más de la peruanísima práctica del perro muerto, mediante la que se perdona sin empacho a los incumplidores, sin importar que los acreedores cobren tarde, mal o nunca. Esto, aunque ‘los acreedores’ seamos todos los peruanos encarnados en la Sunat, la principal estafada con esta norma.
En este contexto,entendemos que tanto la gestión empresarial de las EPS y el futbol profesional peruano requieren de cirugía mayor para revertir la caótica situación por la que están pasando.
Entre tanto, los medios de comunicación daban cuenta que el Gobierno, mediante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, invertirá 90 millones de dólares en el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y alcantarillado en las localidades con mayores índices de pobreza y que asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó un crédito suplementario por S/. 135 millones 53,474 con la finalidad de continuar con las acciones de mantenimiento de sistemas de agua potable y desagüe a cargo de Ministerio de Vivienda.

lunes, 5 de marzo de 2012

Javier Prado Blas _ Subsidios en Saneamiento & Minería

Para ver la correlación existente entre los subsidios en el sector Saneamiento y el impacto que tiene la Minería en Perú en este importante sector que se ocupa del agua para consumo humano y el alcantarillado sanitario, nos apoyaremos en dos detalles que se vienen sucediendo y , exponen seguidamente.
La primera, es una figura que planteamos tiempo atrás cuando formábamos parte del consejo directivo de un organismo regulador y que hoy lo expresa con marcada lozanía la doctora Cecilia O´Neill de la Fuente, Jefa del departamento académico de Derecho de una importante Universidad del país , quien refiere el caso en los siguientes términos:  
"Soltero exitoso de San Isidro (zona de usuarios con altos ingresos económicos en la ciudad de Lima) subsidiado por familia pobre de carabayllo. El mundo al revés. Esto es lo que pasa cuando la regulación no mira la realidad. La estructura tarifaria de las Empresas de Saneamiento (EPS) tiene un esquema de precios escalonados por categorías de consumo. A mayor consumo, mayor es el precio por metro cúbico ( de agua para consumo humano) o dicho en buen cristiano, paga más quien consume más. 
Con ello se espera racionalizar el consumo de agua y, de otro lado, se espera que quienes consumen más subsidien a quienes consumen menos. Esto último supuestamente está alineado con uno de los principios de la regulación de tarifas : la equidad social.
El error de este esquema es relacionar nivel de consumo con nivel de pobreza. Resultado, fatales errores de inclusión (filtración) y de exclusión (subcobertura) , pues los no pobres  terminan subsidiados por quienes sí lo son ; o sea, Dios le da barba a quien no tiene quijada.
Se han hecho esfuerzos normativos para corregir este error, solo falta que se implemente la solución: que la tarifa subsidiada se aplique a usuarios residenciales con bajo consumo, pero de hogares calificados como pobres por el Sistema de Focalizaciónde Hogares (sisfoh), administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para evitar excesos en el beneficio, sólo se subsidiaría el consumo de "subsistencia" , que permite cubrir las necesidades básicas de agua sin afectar la capacidad de pago. Esto es importante, pues uno de los objetivos del milenio, planteado por las naciones Unidas es que ninguna familia gaste más del 3% de sus ingresos para cubrir las necesidades de agua.
Con los subsidios cruzados en el sector saneamiento, incluso con las recientes correcciones normativas para que se focalicen adecuadamente, no se solucionará el problema del acceso digno a agua y desagüe, pues en un contexto en el que las EPS no pueden ni pagar los impuestos por las donaciones que reciben, una solución de fondo debería pasar por un sistema de concesiones en que el sector público y el privado hagan alianzas que permitan al estado cuidar que los sectores más vulnerables de la población no les falte acceso continuo a agua potable (para consumo humano) de calidad y que permitan a los concesionarios hacer negocio"
La segunda,tiene que ver con fallas presentadas en los subsidios cruzados y la necesidad de lograr el mejoramiento de la gestión empresarial de las EPS , pues no es suficiente una mayor inversión para lograr la cobertura adecuada de los servicios.  
Las EPS tienen una deuda del orden de los US$3,000 millones, de los cuales, a SUNAT le deben unos US$750 millones por Impuesto a la Renta, en tanto que los pasivos del FONAVI, ascienden a unos  US$1,942 millones.
Números mas o menos, lo concreto es que algunas EPS están técnicamente quebradas y muchas de ellas no pueden ciertamente cumplir con pagar a SUNAT por Impuesto a la Renta que se cobra en razón a obras donadas por empresas privadas de diversos sectores, entre las que se encuentra el sector minero.
A mayor abundamiento, citaremos el caso de la nueva Planta de tratamiento de Agua Potable en Arequipa, cuya construcción demandó el orden de trescientos millones de nuevos soles, y que fuera un aporte de una empresa minera  que opera en la zona. 
El hecho es que ésta EPS de Arequipa deberá afrontar por lo menos el costo que implica el concepto de Impuesto a la Renta y no está en condiciones de cubrir este pago por la donación recibida; lamentablemente en esta situación también se encuentran las otras EPS que son administradas por los gobiernos locales del país.
Quienes mencionan que pese a la tradición minera en una determinada zona de influencia, no  aprecian sustantivas mejoras en las coberturas de los servicios de saneamiento, pueden ver en el precitado ejemplo de ineficiencias en la gestión empresarial de las EPS  una de las causas que generan distorsiones  en el sector saneamiento; otras pueden estar en la captura y empoderamiento del organismo regulador por parte de las sucesivas administraciones de turno del gobierno central peruano y otras más, que permiten la existencia aún de millones de peruanos sin el acceso a los servicios de agua para el consumo humano y alcantarillado sanitario.