Conflictos sociales & Minería

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta que en el Perú se incrementaron los conflictos sociales activos, principalmente los vinculados a problemas socioambientales.
Las cifras presentadas fríamente llegan a 237, el mayor nivel de los últimos doce meses. Asimismo, el informe revela que hay ochenticinco (85) compañías mineras involucradas en conflictos.

La radiografía de la conflictividad en el país, también indica que en los últimos 30 días los conflictos socioambientales se incrementaron y pasaron de 109 a 117.

Sin embargo, una resonancia magnética de los niveles de conflictividad expresados, nos permitirá ver con mayor aproximación sobre los hechos causales ajenos a las propias labores mineras que generaron este escenario social. 

RUIDO POLÍTICO

Citaremos unas muestras de los hechos presentados últimamente y que abonan en la excitación social:

1. En el caso de la familia Sánchez Paredes,investigados por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado por el presunto delito de lavado de activos, fue resuelto por una magistrada , en sólo quince (15) días y sobre un expediente de investigación de un millón de folios, se pronunció en contra de denunciar a la precitada familia.
2. Los cuestionamientos hechos al Reglamento de la Ley de Consulta Previa, en el extremo referido a que las Concesiones de 1995 a marzo del 2012 no requieren de consulta previa.
3. El secuestro de un grupo de funcionarios de la empresa sueca Skanska, contratista del Consorcio Camisea en el poblado de Kepashiato - Cusco.
4. La extorsión social generada por una empresa operadora del complejo metalúrgico de la Oroya, que pretende mayores plazos a los ya obtenidos por parte del estado peruano para que se le apruebe su plan de reestructuración - cumpliendo con sus obligaciones ambientales - y no ir a liquidación según indica la norma peruana. El lobby empresarial realizado en el Congreso de la República  apuntaría otorgar mayores plazos como una inadecuada señal obsecuente a potenciales inversionistas responsables en territorio peruano.
5. En el Concurso Público para la selección de postulantes al cargo de presidente de  consejo directivo de los organismos reguladores, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conformó una comisión que presentaba eventuales conflictos de intereses. Se concluyó declarando desiertas sólo las plazas de dos organismos reguladores.
6. La contratación de tres (03) peritos internacionales por parte de PCM, encargados de estudiar y evaluar el Estudio de Impacto Ambiental de Minas Conga, en Cajamarca. La decisión política se aplazó por el lapso de cuarenta (40) días, tiempo ya concluido para que los peritos puedan “identificar y proponer las medidas que permitan el mejoramiento de las acciones de mitigación de los impactos ambientales del proyecto minero Conga”.

PRESUPUESTOS DE GOBIERNOS LOCALES

En el país existe una distorción en la distribución presupuestal asignada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que distingue y privilegia a algunos distritos, excluyendo con su procedimiento distributivo a otros distritos. Los criterios técnicos de ésta redistribución de la "riqueza",en la práxis, significa una diferencia de seis y siete veces respectivamente si consideramos los datos para el presupuesto asignado en el año 2012 de los casos presentados seguidamente de San Isidro en Lima, y los distritos de Morales en San martín y de Rupa Rupa (Tingo María) en Huánuco. Con el añadido, que éste último se encuentra desde el año 2005 en Estado de Emergencia y en "teoría" debiera merecer una "atención especial de parte del Estado" en cuanto a la asignación y ejecución presupuestal.  

Presupuesto percápita asignado por el MEFa tres distritos en el periodo 2007-2012.

Se evidencia entonces, que la falta de acompañamiento del Estado a las iniciativas de inversión privada focalizadas en algunas localidades del interior del país resultan ser una constante y que ésta administración y las futuras administraciones del gobierno peruano debieran estudiar con detenimiento a efectos de mantener la paz social, garantizando un equilibrio armónico tanto a capitales nacionales y extranjeros , cuya inversión mantenga la tendencia en el crecimiento que se viene presentando en la economía del país, por la acción de algunos sectores que resultan siendo los motores del ya reconocido desarrollo económico peruano, de tal modo que éste sea sostenible en el tiempo.

En suma, los problemas denominados socioambientales por la Defensoría del Pueblo no sólo debieran ser atribuidos a la reacción adversa de alguna población frente a la presencia de sectores extractivos en sus localidades, sino que también obedecen a la ansiedad de una población que ve postergada sus justas demandas al acceso a servicios básicos de salud, educación, vivienda, agua, desagüe ... y donde la actuación discrecional del gobierno de turno en sus diferentes niveles no termine alimentando el ruido político, para lo cual es preciso que la actuación de la administración del estado peruano, no solamente debiera ser transparente, sino también; parecerlo.