El retraso de los programas de inversión en proyectos mineros generados por el incremento de protestas sociales, consulta previa a comunidades indígenas, aprobaciones ambientales, entre otras; provocarían efectos directos e indirectos en las proyecciones económicas y sociales estimadas para el contexto del sector minero en Perú.
Para tener una idea del impacto que podría estarse suscitando, citaremos dos efectos puntuales.
De un lado, se estaría reduciendo el gasto en proyectos mineros tal como lo habría expresado Newmont Mining Corporation para el Proyecto Conga (Cajamarca) por las dos terceras partes en el período 2012- 2013.
Según la agencia de noticias Reuter, su CEO Richard O'Brien, en una presentación efectuada a sus inversionistas en Nueva York, la compañía ahora tiene previsto gastar US$ 440 millones en su proyecto Conga para los próximos 18 meses, una disminución significativa de los US$ 1,5 millones que había presupuestado anteriormente.
Por otro lado, se estaría reduciendo los montos distribuidos como canon minero tras el informe de menos ganancias de las actividades mineras, como es en el caso de Southern que reportó menos utilidades durante el año pasado ya que ha realizado una serie de inversiones para sacar adelante los proyectos de Tía María (Arequipa) y la ampliación de la Concentradora Toquepala (Tacna), ambos paralizados por presión social.
