viernes, 31 de mayo de 2013

Sanciones a Minería formal e Informal

El Estado peruano, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ha impuesto multas por infracciones ambientales en el orden de los 61 millones de soles en lo que va del año 2013 y que de las 121 empresas sancionadas, cincuenta (50) pertenecen a la actividad minera.
Este escenario se presenta a la luz de la Ley N° 30011 dado el 25 de Abril del 2013, que modifica la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
En la práctica, tiene un mes de vigencia la nueva escala de multas que se incrementó tres (3) veces el monto máximo de 10 mil UIT (S/37 millones) a 30 mil UIT (S/ 111 millones).
La discrecionalidad y tipificación en la determinación y aplicación de las multas navegó sin llegar a buen puerto hasta la fecha desde el Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin,Ministerio del Ambiente y actualmente reposa en OEFA.
Los principios y criterios legales para darle seguridades jurídicas a los procesos sancionadores son incorporados, de tal forma que se establezca la mayor predictibilidad y razonabilidad en la ejecución de las sanciones de la mineras formalmente constituidas en el país.
Mientras este tratamiento discurre con las empresas de las denominadas gran y mediana minería, por otro lado se tiene el tratamiento al universo de la minería informal o la que estaría inmersa en el proceso de formalización prevista por la actual administración del Estado.
El desbalance en el tratamiento sancionador se hace cada vez mayor con el crecimiento de la minería informal pues, pues el 9 de Marzo de 2012 en el diario oficial El peruano se precisaba "hace cinco (5) años la cantidad de regiones que tenían problemas con el tema de minería ilegal no llegaba a diez (10), hoy son veintiún (21) regiones".
Actualmente no hay región política que no presente problemas con la minería ilegal, en estricto, las veinticinco (25) regiones políticas cuentan con algún problema derivado de la minería ilegal. 
A fin de tener una mayor aproximación de las formas utilizadas para desarrollar labores mineras bajo el radar de la legislación peruana, citamos el informe preparado por Willax Televisión.
En el precitado reporte, se mencionaba que 2,400 Tn/día del producto de labores mineras informales desarrolladas por diez mil mineros artesanales que extraen oro y cobre de la región Apurimac y se traslada para el procesamiento del concentrado en diversas Plantas existentes en Nazca. 
El ministerio de trabajo, detecto a las empresas mineras: Planta de Beneficios Jesús S.A.C., Consorcio Minero Antares S.A.C., Mercurio E.I.R.L., Compañía Minera Mercurio S.A.C., Minera  y Exportaciones S.A.C., Cean Minera del Sur S.A.C., Agropex S.AC., Planta Concentradora San Fernando S.A.C., Perú Metal Trading & Process SAC., Minera Chauchilla SAC., Minera Santa Maria SAC., DWL Corporation SAC, entre otras, que venían operando en la jurisdicción de Nazca (Localidad situada al sur de Lima).
En el informe se explica las formas de formalizar el mineral extraído, una de las cuales pasa por registrar como parte de la producción legal y la otra, por sacarlo por las fronteras para proceder a su legalización en otro país. 
Cuando hay minería ilegal, las posibilidades de corrupción son muy altas porque alrededor de la minería ilegal se generan otros delitos, como la prostitución ilegal, evasión tributaria, explotación infantil, depredación ambiental,entre otros; asimismo, los trabajadores captados por este tipo de minería no reciben ningún tipo de seguridad, beneficios y mucho menos un sueldo digno.
Esta ilegal actividad, que hoy en día es un problema nacional, demanda un accionar conjunto,donde los poderes Ejecutivo y Judicial son los llamados a aplicar la frondosa legislación ambiental existente para no continuar segregando _ directa o indirectamente _a los capitales (nacionales y extranjeros)  que, en cumplimiento de leyes vigentes, fortalezcan a las inversiones  actuales y potenciales en el sector minero peruano, el cual continúa siendo uno de los motores  del crecimiento y desarrollo nacional.

sábado, 25 de mayo de 2013

Futuro de proyectos mineros

Perú es un país de contrastes, donde dos de cada diez niños sufren desnutrición crónica por un lado y por otro, se supera los $ 68 mil millones de dólares en Reservas Internacionales netas, suma nunca antes acumulada para esta nación latinoamericana, en la cual hoy en día las inversiones privadas significan el ochenta por ciento (80%) de las inversiones totales registradas en el país.
Justamente este año 2013, denominado como "Año de la inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria", se presenta como hecho curioso lo que significaría el relanzamiento de la promoción de inversión en el Sector Minero para los anales de la historia en el país de los Incas.
Según lo estimado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la inversión retrasada en Perú es el orden de $ 41,750 millones (20% del PBI) en un total de sesenta (60) proyectos, de los cuales un tercio representan los proyectos mineros postergados, los cuales equivalen a veinte (20) proyectos que suman $ 25,600 millones.
Los principales proyectos retrasados se ubican geográficamente en Cajamarca (Conga,Galeno,La Granja) que en total suman $ 7,800 millones; Piura (Ampliación Bayóvar) con $ 520 millones, Apurimac (Haquira) por $ 2,800 millones; Arequipa (Pampa de Pongo) con $3,280 millones , Moquegua (Quellaveco) por $ 3,300 millones, entre otros.
El presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, explicó que _en Perú_estructurar un proyecto y adjudicarlo debería tomar dos años, en promedio, pero actualmente demora hasta seis años.
Este problema es real y de palpitante actualidad, tiene impacto directo en el sector minero y es reconocido por el propio presidente Ollanta Humala, quien hace unas semanas atrás anunció la creación de una comisión multisectorial, liderada por el Ministerio de Economía, para monitorear los proyectos de inversión y dinamizarlos.
En este orden de precisiones, la administración Humala refirió _ en el marco de la VII Cumbre de Alianza Pacífico, realizada en Cali (Colombia) _que su gobierno ha venido luchando contra la inercia burocrática del Estado que paraliza inversiones del sector privado.
Asimismo, para asegurar el futuro de los proyectos de inversión, su gobierno ha declarado de interés nacional la promoción de inversiones a efectos de procurar el crecimiento económico sostenido que viene presentándose en el país.
Cabe señalar, que en Perú se promulgó ya antes el Decreto Legislativo N° 708  "Ley de promoción de Inversión en el Sector minero" que data del año 1991 y el pasado jueves 16 de mayo (2013), se publicó el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que establece disposiciones para facilitar la inversión privada,considerando:
-Simplificación del procedimiento para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
-Disposiciones ambientales, referidas a ampliación de componentes auxiliares o mejoras tecnológicas que no impliquen impactos ambientales significativos.
-Facilitación de servidumbre en predios del Estado a través de la posesión provisional del predio.
Estas medidas se suma al reciente proyecto de ley de Promoción del Mercado de Valores,aprobado por el Consejo de Ministros  el viernes de la semana pasada y la Ley que Facilita la Adquisición, Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para Obras de Infraestructura, que permitirá adquirir o expropiar terrenos y edificaciones, sin afectar los derechos de los propietarios de estos bienes, con la finalidad de construir obras de infraestructura de interés nacional.
En minería , además de los conflictos sociales que paralizaron proyectos , se suma el retraso por la implementación de la Ley Consulta Previa y su reglamentación, que aún no publica la lista de comunidades indígenas y originarias con derecho a ser consultadas antes de que se realice un proyecto de inversión minera.
Sin perjuicio a los resultados de la consulta _según el ordenamiento legal vigente en Perú_  será el Estado peruano quien finalmente decida si el futuro proyecto de inversión minera se ejecute en su territorio o no.
Una lectura del proceso seguido, es que se estaría buscando promover nuevos grandes proyectos sin previamente dar muestras de seguridades jurídicas a las actuales operaciones y proyectos mineros en cartera que eventualmente pretendan ampliar sus operaciones vigentes.
Los denodados esfuerzos que realizan los inversionistas devienen en resultados infructuosos para alcanzar el inicio de operaciones comerciales, tiene su impacto expresado en la reducción de exportaciones mineras, los cuales ya se están dejando apreciar.
La caída de los precios de los metales en los mercados internacionales influye también en la reducción de inversiones en nuevas exploraciones, sin embargo, lo que reduce sustantiva y decididamente la competitividad peruana en el sector minero es la burocracia estatal que en sus diversos niveles de gestión, ponen en riesgo el futuro de proyectos mineros en Perú.
En este contexto, el futuro de proyectos mineros atractivos a inversiones de capitales_tanto nacionales o extranjeros_pasa no solamente por dictar nuevas normas que forman parte del esfuerzo legal de largo aliento en el país, sino por cumplir con las normas existentes y ordenar el sector, respetando los acuerdos y plazos fijados para la formalización de los mineros, consolidando la autoridad real para neutralizar la posición maximalista de la filosofía antiminera que en buena cuenta resultó siendo un buen complemento de la crisis económica internacional para desacelerar el crecimiento y desarrollo de la minería peruana.

jueves, 23 de mayo de 2013

Glencore Xstrata PLC & Las Bambas

Las Bambas se constituye en uno de los proyectos mineros más importantes previstos a desarrollarse en Perú; según estimaciones iniciales representaba una inversión total de US$ 4,200 millones para producir 324,000 toneladas/año de cobre durante 18 años.
Su inicio de producción comercial estaba prevista para el año 2014, tal como lo comentamos en esfuerzos para viabilizar un proyecto.

El proceso

La empresa minera Xstrata, en el marco de sus actividades de responsabilidad social empresarial de su proyecto Las Bambas, trabajó en favor de las comunidades de la zona de influencia directa, ejecutando programas de desarrollo básicamente en las áreas de educación y salud; fomentando la conectividad al construir carreteras que los unen con otros pueblos; y brindar capacitación técnica a los pobladores, a fin de reducir los niveles de conflictividad social trasladada de otros escenarios mineros afincados en el territorio peruano.
En tanto se sucedían los denominados conflictos sociales y socioambientales que postergaban el inicio de operaciones de diferentes proyectos mineros en el país; tras quince (15) meses de negociaciones, el grupo de minería y metales Glencore International PLC completó su fusión con Xstrata PLC para formar la nueva empresa  : "Glencore Xstrata PLC" que sería la cuarta minera más grande del mundo. 


Es así, que llegado el año 2013 , el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, garantizó la entrada en producción de Cobre del proyecto Las Bambas para el primer trimestre del 2015, pese a su  venta y al conflicto en Espinar, hacia donde transportarán los concentrados. "No hay ninguna razón para que se retrase", dijo a Gestión.

De otro lado, el ministro Jorge Merino indica que se ha invertido US$5200 millones,  brindando empleo a miles de personas.
"Ello confirma que Las Bambas es un proyecto bandera para el Perú y va a mover otras iniciativas de inversión minera en la región", subrayó el ministro Merino. Además, destacó que el proyecto va de mano con los compromisos asumidos por la empresa Xstrata Copper con las comunidades de la zona.

Localización

El Proyecto Las Bambas, se encuentra a 900 kilómetros aproximadamente  del Cusco, entre las provincias de Cotabambas y Grau, región Apurímac, a más de 4.000 m.s.n.m.
Comprende las concesiones mineras de Chalcobamba, Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas. 

martes, 21 de mayo de 2013

Descenso en exportaciones mineras

El diario Gestión explica los factores que generaron un impacto negativo en las exportaciones mineras peruanas, de la siguiente manera:
Las exportaciones mineras en marzo del 2013 ascendieron a US$ 2,027 millones, cifra 18.1% menor a la registrada en el mismo mes del 2012 (US$ 2,476 millones), informó la Sociedad nacional de minería y Petróleo (SNMPE).
De esta forma, al cierre del primer trimestre del año 2013 los envíos sumaron US$ 5,673 millones, lo que representa una caída de 20.9% en comparación con el mismo período del 2012 (US$ 7,170 millones).
El descenso registrado en marzo del 2013 se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, cobre, plomo, estaño y molibdeno, metales que explican el 87.4% del total de exportaciones mineras.
Sólo las exportaciones de hierro, plata y zinc presentaron un comportamiento positivo.
En el caso del oro, el valor exportado fue de US$762 millones, cifra menor en 21.2% con relación a marzo del 2012 (US$ 967 millones). Esto se debe a un menor volumen exportado (-17.2%) y una menor cotización (-4.9%). A su vez, las exportaciones auríferas cerraron al primer trimestre del 2013 en US$ 2,072 millones, monto que significa una caída de 28.2% en comparación con el mismo período del 2012 (US$ 2,887 millones).
En el caso del cobre su valor exportado en marzo fue de US$ 849 millones, lo que significa una reducción de 14.9% respecto al mismo mes del 2012 (US$ 998 millones). Este desempeño negativo se debió a una caída en el volumen (-6.6%) y una menor cotización (-8.9%). Las exportaciones cupríferas de enero a marzo del presente año fueron de US$ 2,382 millones, cifra que muestra una caída de 13% al compararse con los US$ 2,737 reportados en igual período del año 2012.
Por su parte, las exportaciones de plomo reportaron una caída de 41.2% durante el primer trimestre del 2013, pues las ventas ascendieron a US$ 342 millones en comparación con los US$ 582 millones registrados en el mismo período del 2012. Sólo en marzo último se lograron ventas por US$ 113 millones, es decir US$ 96 millones menos de los reportados en igual mes del 2012 (US$ 209 millones). Ello por un menor volumen exportado (-46.7%) a pesar de una mayor cotización (+1.2%).
Situación similar se vio reflejada en el caso del estaño, cuyas exportaciones cayeron en 50.6% al lograrse ventas por US$ 29 millones en comparación con los US$ 58 millones reportados en marzo del 2012. Este metal muestra una reducción de su volumen exportado (-51.7%) y aumento en su cotización (+2.1%). En el primer trimestre, las exportaciones de estaño fueron de US$ 135 millones, reflejando una caída de 25.7%.
En el caso del molibdeno, en marzo sólo se exportaron US$ 18 millones versus los US$ 33 millones que se vendieron en el mismo mes del 2012, lo que significó una reducción de 44.4%. Factores como el volumen (-28.9%) y cotización (-21.8%) impactaron negativamente en las exportaciones de este producto minero. Al cierre del primer trimestre las exportaciones de molibdeno reportan una caída de 43.8 %.
En marzo del 2013, las exportaciones de hierro ascendieron a US$ 89 millones, las de plata a US$ 30 millones y las de zinc a US$ 133 millones.

sábado, 18 de mayo de 2013

Mineria ilegal & Trata de personas

En el sector minero esta sucediendo un proceso interesante para el análisis académico respecto a la implementación de la Política de control, supervisión y fiscalización de actividades mineras desarrolladas en territorio peruano. 

Minería formal

Por un lado, visualizamos el balance y resultados de la supervisión a la gran y mediana minería formal arroja que en los últimos dieciséis (16) meses (2012 y lo que va del 2013) se produjo 44% de procesos sancionadores ocurridos en cinco años anteriores (periodo 2007-2011). El porcentaje sale de comparar el número de sanciones 265 y 599 respectivamente.
Ciertamente en las cifras se distingue cierta distorsión generado por instituciones del propio Estado peruano  que no terminan por armonizar sus roles de juez y parte en el tema regulador de la dimensión ambiental.
En estricto, se busca evitar y/o reducir la contaminación así como manejar adecuadamente el control de riesgos de accidentes mineros; sin embargo consideramos que el incremento del número de sanciones que acaban en multa, abre un espacio discrecional a la autoridad administrativa que podría actuar arbitrariamente al priorizar la recaudación de la multa en perjuicio de la remediación ambiental.

Minería informal y minería ilegal

De otro lado, se cuenta con un sector que desarrollan labores mineras que no cuenta con supervisión y fiscalización. 
El ejecutivo peruano otorgó un plazo para la formalización de la minería informal, este plazo para la presentación de las declaraciones de compromiso de formalización ya venció; sin embargo, se considera que el proceso de formalización a nivel nacional vence en Abril del año 2014.
Hasta el 28 de Julio del 2012 se habían formalizado 20 mil mineros artesanales, En febrero del 2013, la cifra de mineros informales que presentaron su declaración de compromiso para formalizarse subió a 77 mil.
Se presume que el universo de mineros informales que vienen operando en el territorio peruano es el orden de cien mil, otras fuentes no oficiales estiman que ese número crece hasta superar 500 mil mineros informales.

Trata de personas

Es preciso integrar a la Política de control, supervisión y fiscalización de actividades mineras los temas vinculados a la trata de niños y mujeres en los campos mineros que surgen como una acción colateral de la condición de ilegalidad con que actúan en diversos puntos del país. 



Tanto la comunidad local como internacional están atentas a la reacción que pueda tener el gobierno peruano ante una realidad latente que surge como una externalidad  de la minería ilegal,particularmente relacionada al oro.

El Análisis Teórico

Partimos de las premisas siguientes para el precitado análisis:
-En teoría, el esfuerzo que realizan las empresas mineras formales en el cumplimiento de normas ambientales modifica la distribución de probabilidades de ocurrencias de contaminación o de accidentes.
-Mediante multas, el regulador logra teóricamente la disuasión de las empresas y la internalización de las consecuencias de sus infracciones.

lunes, 13 de mayo de 2013

Modificatoria del SINEFA

Con la promulgación de la Ley N° 30011, modificatoria de la Ley N°29325 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental_SINEFA), tras cuatro años de vigencia de una Ley que no logra estructurar un sistema, el ejecutivo peruano busca el fortalecimiento de la fiscalización ambiental. Aspira lograr el equilibrio entre el ejercicio de una potestad sancionadora y la garantía a favor del administrado para que subsane de modo voluntario aquellos incumplimientos leves que no perjudican el ambiente ni la vida y salud de las personas.
La Ley N° 30011 regula aspectos como:
-Fortalecimiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental con salas especializadas y vocales con dedicación a tiempo completo.
-Promoción de la subsanación de infracciones que no generen riesgos o daños al ambiente o a la salud,evitándose el inicio de un procedimiento administrativo sancionador si dicha subsanación se realiza en el plazo otorgado por la autoridad.
-Fiscalización a ilegales e informales. Asimismo, la intervención del OEFA en los casos que una actividad de acuerdo a las condiciones en que opera ya no corresponda ser fiscalizada por los gobiernos regionales.
-Precisiones en la regulación del Régimen Común de Fiscalización Ambiental para que las entidades de fiscalización cumplan efectiva y eficazmente con su tarea.
-Transparencia en la información para que el público pueda acceder a información técnica y objetiva de la fiscalización ambiental.
-Eliminación de trabas legales para el cobro efectivo de las multas ambientales.
-Establecimiento de un tope máximo de sanciones de 10 mil UIT a 30 mil UIT.
El diario Gestión , da cuenta de los pormenores de la precitada ley en los siguientes términos: De acuerdo al presidente del Consejo Directivo del OEFA, Hugo Gómez, la nueva ley permitirá,por ejemplo, reducir las trabas legales para el cobro efectivo de las multas ambientales, pues establece que la sola interposición de una demanda contencioso-administrativa (como ocurría hasta hace poco) no interrumpirá ni suspenderá el procedimiento de ejecución coactiva.
OEFA estimó que, a la fecha, los jueces del Poder Judicial han paralizado los cobros de sanciones ambientales por S/. 92 millones. Agregó que este monto equivale al 81% del total de multas impuestas por la Entidades de Fiscalización Ambiental.
Para que el juez admita a trámite una medida cautelar se requiere presentar una contracautela (carta fianza) personal o real, por un monto equivalente a la multa que se quiere cobrar”, precisó.
Otro de los cambios que introduce es el fortalecimiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental, con salas especializadas y vocales con dedicación a tiempo completo; anteriormente eran a tiempo parcial.
Según Hugo Gómez, en un mes estarían decidiendo el número de salas, aunque prevé que pueden ser tres e implementadas progresivamente; puede haber una sala para minería , otras dos para energía y producción, respectivamente.Sostuvo que a la fecha falta resolverse 104 procesos.
Reveló que en lo que va del 2013 se han aplicado 50 sanciones en el sector minero por 3,252 UIT (Cada UIT equivale a S/. 3,700), 17 sanciones en el sector energía por 393 UIT y 54 sanciones en el sector pesquero por 546 UIT.
Recordó que en el 2012 aplicó 215 sanciones a mineras por 16,927 UIT, 43 sanciones a empresas de energía por 13,995 UIT y 31 sanciones a pesqueras por 439 UIT.
Asimismo, la Ley 30011 faculta al OEFA fiscalizar a las medianas mineras que operan bajo la fachada de minería artesanal. El OEFA será competente para fiscalizar las actividades bajo el ámbito de los gobiernos regionales si se incumplen condiciones para calificar las actividades de menor escala”, señaló, aunque no especificó cuántas empresas “artesanales” estarían involucradas. Igualmente, un punto importante es que OEFA podrá instalar equipos en empresas fiscalizadas para verificar los límites de contaminación y aplicar las “papeletas ambientales” en caso de infracciones leves, y una reducción de 50% de la multa por pago voluntario

jueves, 9 de mayo de 2013

Interdicción & Minería ilegal

Con el nombramiento del señor Enrique Wilfredo Alvarez Mendoza como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería,Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, el ejecutivo peruano buscará ordenar las acciones dispersas y sin mayor impacto que se vienen desarrollando en aplicación de la Política de lucha contra la minería ilegal en Perú.
Mediante Resolución Ministerial N° 116-2013-PCM (Publicado el 8 de Mayo del 2013 en el diario oficial El Peruano), el ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó a un asesor del despacho ministerial de la PCM para asuntos de interdicción de la minería ilegal en el país.
El asesor, será el representante titular de la PCM ante la Comisión Multisectorial permanente de seguimiento  de las acciones del gobierno frente a la minería ilegal y del desarrollo del proceso de Formalización.
Asimismo, asumirá las funciones de coordinación y supervisión de la estrategia Nacional para la interdicción de la Minería ilegal.
La tarea del señor Alvarez será ardua en la medida que existen plazos perentorios para formalizar a miles de mineros ilegales que vienen realizando labores mineras en territorio peruano,particularmente en la minería de Oro.  
El ejecutivo, a través de la PCM y las autoridades competentes, cuenta con información documentada de presencia de minería ilegal en localidades como Madre de Dios, Puno y otros.
El mismo titular (anterior) del la PCM conjuntamente con cinco ministros de estado conformaron una comisión de alto nivel que verificó in situ el problema de contaminación generada por la minería ilegal en el caso de Puno_río Ramis.
Del mismo modo, existen diversas comisiones del ejecutivo_en otros niveles_ que dan cuenta del ilícito penal que se estaría cometiendo en diferentes partes del país, una de las cuales se focaliza en los ríos Pachitea y Negro en la localidad de Puerto Inca, región Huánuco que precisa el siguiente informe en imágenes.

domingo, 5 de mayo de 2013

Incertidumbre minera 2011_2013

Transcurridos veintiún (21) meses de asumida la administración de Estado peruano, el ejecutivo _ al parecer_ estaría haciendo esfuerzos por resolver la incertidumbre y expectativas mal fundadas generadas con la Ley de Consulta Previa (Aprobada por el Congreso en Agosto del 2011).
La consulta previa, planeada para que haya mayor paz social, terminó siendo  todo lo contrario y tiene a la administración Humala arrinconada tanto por empresarios como comuneros presionándolo, unos para invertir y los otros para defender el agua que alimenta a sus bosques y forma de vida.
En vista que pasado este lapso _21 meses_ no se cuenta con la lista de comunidades indígenas y originarias que pueden acogerse a la precitada Ley de Consulta Previa, el ejecutivo decidió aceptar la renuncia de un funcionario de nivel viceministerial y sin embargo, mantiene las mismas dificultades primigenias, de la propia administración del estado peruano y las empresas_Mineras_ para dirimir intereses y tensiones con las comunidades.
El prestigioso diario El Comercio, grafica lo expresado en los siguientes términos:  
La tensión acumulada durante los últimos meses entre el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Energía y Minas(MEM) estalló esta semana. Un día después de la entrevista dominical dada por el presidente Ollanta Humala, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, presentó su carta de renuncia y el viernes el Ejecutivo la aceptó. Su salida no solo pone en evidencia las irreconciliables posturas en el Ejecutivo sobre cuáles son los pueblos indígenas con derecho a ser consultados y la necesidad de asegurar nuevos proyectos mineros, marca también el inicio de una feroz lucha de poderes y visiones sobre dónde y cuándo hay que impulsar la consulta previa en el Perú. En la entrevista, Humala recogió la visión del MEM, cuestionó la existencia de pueblos indígenas en los Andes y señaló: “En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria”. De ese modo Humala marcó distancia de la propuesta del Viceministerio de Interculturalidad, que había incluido en su base de datos de pueblos indígenas -aún sin publicar- a comunidades aimaras y quechuas de Apurímac, Áncash, Lambayeque, Huánuco, Ayacucho y el Cusco, regiones donde se sitúan los principales proyectos mineros.
Localización de proyectos mineros auríferos en Perú.

COMUNIDADES CAMPESINAS 

Las declaraciones de Humala no fueron aisladas. Se produjeron en la misma semana en la que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, confirmó que 14 proyectos mineros ubicados en la sierra no pasarían por la consulta previa, a pesar de que desde inicios de este año el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de su sector incluye la necesidad de realizar la consulta antes del proceso de exploración minera y luego para la explotación. ¿Cuáles son los proyectos que no se consultarán? Solicitamos la información al MEM, pero no respondieron. Uno de los problemas respecto de las comunidades campesinas es la ausencia de cifras claras. Mientras el último censo hecho por Cofopri (2010) señala la existencia de 6.069 comunidades campesinas en la costa y la sierra, Sunarp tiene registradas 6.234. “No entendemos estas diferencias, hace falta un censo actualizado de comunidades campesinas”, señala Pedro Castillo, abogado del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). José Luis López Follegatti, coordinador del Grupo de Diálogo de Minería y Desarrollo Sostenible, afirma que el MEM no debería oponerse a los procesos de consulta previa porque ya están normados y porque se podrían generar más conflictos sociales. “En lugar de unificar procesos eligieron saltarse la consulta, no se dan cuenta de que hubieran podido hacer más viable la negociación”, dice. Las últimas semanas, el viceministro afrontó las críticas no solo del Ejecutivo (que se resiste a publicar la base de datos), sino también de algunas ONG y dirigentes campesinos que cuestionaban el uso de la lengua originaria para identificar a los pueblos indígenas con derecho a la consulta. La falta de ese respaldo político del gobierno y de la sociedad civil aceleró su renuncia. Sin embargo,El Comercio conoció que entre agosto y noviembre del año pasado el MEM envió dos oficios en los que solicitaba información sobre la existencia de pueblos indígenas en 32 proyectos mineros. El Ministerio de Cultura identificó pueblos indígenas con derecho a consulta previa en 14 proyectos. Lo que llama la atención, además de la coincidencia con el número de proyectos anunciados por el MEM, es que en un informe interno elaborado por la Dirección General de Minería, el 12 de diciembre del año pasado, se menciona que en Apurímac ya se había iniciado un proceso de consulta previa con el proyecto Angostura, en tierras de la comunidad campesina Nueva Esperanza de Mollepiña, en el distrito de Curpahuasi (Apurímac). “La etapa de evaluación para el proceso de consulta del proyecto Angostura se inició el 5 de diciembre del 2012”, se lee en el informe. ¿En qué situación se encuentra este proceso? El MEM aún no responde, pero este caso permite conocer que por lo menos hasta el año pasado el sector sí reconocía a las comunidades andinas como pueblos indígenas con derecho a consulta.

LA BASE DE DATOS 

A esto se suma que no todas las comunidades están registradas y que de las registradas no todas tienen claros sus linderos. “Estamos elaborando una nueva directiva pensada en las comunidades campesinas, en respetar sus costumbres y su cosmovisión”, dice Javier Anaya, abogado especialista en comunidades campesinas de Sunarp. ¿Todas las comunidades campesinas son pueblos con derecho a la consulta previa? No. Y precisamente la base de datos que había elaborado el Viceministerio de Interculturalidad las identificaba. A un sector del Ejecutivo le pareció que eran demasiadas y que podían poner en riesgo los nuevos proyectos de inversión. Con la renuncia de Lanegra y de parte de su equipo técnico, la base de datos queda a la deriva. En la entrevista del domingo,Humala recordó que había una demanda pendiente sobre esta y luego argumentó que “lo que está habiendo es un proceso de revisión de comunidades, no se trata de publicar la base de datos y de que mañana se tenga medio Perú con comunidades”. Si la base de datos está operativa desde setiembre del año pasado (como informó este diario el 17/2/2013) y que esta incluso ya ha sido presentada al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ¿a qué se refiere el presidente cuando menciona que “hay un proceso de revisión de comunidades”?.En el Ministerio de Cultura no lo saben. 

CONFLICTOS 

Cada vez que una empresa busca ingresar a explorar en el territorio de una comunidad campesina debe contar con la aprobación de dos tercios de los comuneros. Si la comunidad es considerada pueblo indígena, la ley señala que deberá, además, iniciarse un proceso de consulta previa para discutir la declaración de impacto ambiental de la exploración. “El gobierno debió haber unificado los dos instrumentos en un solo proceso de consulta en lugar de saltarse la consulta”, sostiene López. La decisión del gobierno de no consultar los proyectos mineros ubicados en tierras de pueblos indígenas respondería a un cambio en el sector minero. “Hace un año la consigna era que no importaban los costos [financieros, ambientales, sociales y tecnológicos] si los precios estaban altos; ahora los cuatro costos se han incrementado, hay más conflictos, más exigencias ambientales y mayor precio de la tecnología. Hay cierta incertidumbre, caen algunos precios y las empresas tienen más precaución”, explica López Follegati.

miércoles, 1 de mayo de 2013

Minería & Mercurio en Peces_Titicaca

En el Lago Titicaca (Puno) se estaría repitiendo la forma  de contaminación en peces presentada en Madre de Dios  atribuida el origen del Mercurio Contaminante de la minería informal con procesos artesanales para obtención de oro, pero esta vez, los peces contaminados serían Truchas.

Ejecutivo comprueba contaminación del agua

El año 2012, una comisión de alto nivel del ejecutivo peruano (presidida por el entonces presidente de consejo de ministros y conformada por los ministros de Ambiente,Energía y Minas,Agricultura,Salud y Vivienda) verifico in situ, el estado de contaminación existente en la zona de influencia en la cuenca alta del río Ramis (Afluente del Lago Titicaca), donde se realiza minería informal producida por extracción de oro aluvial.
De acuerdo a informes propalados por medios de comunicación masivos se comprobó la contaminación existente y estaba en proceso la determinación de los niveles de contaminantes en la zona.
Según los registros periodísticos, se habría encargado a sendas instituciones (ANA y SENASA) hacer los correspondientes monitoreos, las cuales se complementarían con los análisis que deberá realizar el  recientemente creado  Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).
Toda vez que Senace se encargará de garantizar los  Estudios de Impacto Ambiental detallados para darle sostenibilidad ambiental y social de los proyectos _ a partir de abril de 2014_se puede inferir que tanto los cultivos de truchas como los proyectos de riego ejecutados y previstos para la agricultura _a la fecha_ no contarían con una adecuada certificación ambiental.

Cometer un error y no corregirlo es otro error 

El proceso de contaminación de las aguas del Lago Titicaca está demostrada a través de décadas. Sobre el particular, la BBC propaló en "Una Maravilla Contaminada"  el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( PNUMA) indicando que el Lago Titicaca cuenta con el aporte de cien mil toneladas de residuos cada año (100,000 Tn/año) provenientes de ciudades circundantes que bordean tres millones de personas.
Los Gobiernos de Perú y Bolivia_que comparten la soberanía del lago_ son llamados a encarar una acción coordinada para frenar la creciente degradación ambiental.
Los esfuerzos desplegados por el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca lamentablemente no han sido los más adecuados, ya que persiste el nivel de degradación del recurso hídrico.
Es así que tratar de hacer del Lago Titicaca una enorme piscigranja natural, invirtiendo capitales para masificar el cultivo de truchas, sin antes tomar acciones coherentes para garantizar la calidad de las aguas donde se crían los peces de consumo humano, resultaría inadecuado por decirlo de alguna forma; pues pone no solamente en riesgo la sostenibilidad de las inversiones previstas sino la salud pública a futuro.

Puno el primer productor de trucha a nivel nacional

Según registros (Abril del 2012) de la Corporación de Investigación y Desarrollo , sólo en Puno se alcanzan 14 mil toneladas de las 19 mil toneladas de Trucha que se producen en Perú.

De estas 19 mil toneladas de Truchas producidas anualmente en el país, menos del 1% se exporta al mercado internacional, por lo cual el riesgo potencial de contaminación por ingesta de Mercurio se focaliza en el consumo interno de la especie.


Puno tiene 74% de la Producción Nacional de Truchas.
Truchas para consumo humano con alto riesgo de contaminación.

A mayor abundamiento: Cuenca del río Ramis

Se trata de un solo cuerpo de agua que  cambia  de  nombre  de  acuerdo  a  los lugares   por  donde  discurren  sus  aguas,  pudiendo  tomar   el nombre de  río Crucero, río Antauta, río Azangaro o río Ramis. Sus aguas desembocan inexorablemente en el lago Titicaca, llevando su carga contaminante. A la grave contaminación biológica ocasionada por el vertimiento directo de aguas residuales municipales sin tratamiento y evacuación de residuos sólidos en décadas pasadas (Considerar el efecto acumulativo,resiliencia y autopurificación de las aguas para un estimado de un millón de toneladas/década), se adiciona a la degradación existente; tanto eventos naturales como es el caso de los desbordes del rio Ramis y los efluentes de la actividad minera informal de éste río afluente del Lago Titicaca.
En  este  contexto,  con  Decreto de Urgencia N° 028-2011 (de fecha 17 de Junio del 2011),  se declaró  de necesidad pública,  interés nacional  y  de  ejecución  prioritaria  la recuperación ambiental del río Ramis; sin embargo, la actuación del ejecutivo_en este extremo_ pareciera un tanto lenta, pese a que se consideró un plazo de ejecución inicial de seis meses.




Registros con monitoreos de Mercurio

En Perú se cuenta con la tecnología,equipos y recursos humanos calificados para desarrollar los monitoreos respectivos y plantear las soluciones mas adecuadas para poder reducir los niveles de degradación ambiental que se vienen produciendo a través del tiempo en la zona de influencia del lago Titicaca.
El problema de gestión se podrá resolver con el manejo de información oportuna y adecuada a las necesidades de desarrollo que viene alcanzando el país.
En la agenda pendiente por efectuar se encuentra evidentemente la determinación del estado de contaminación por mercurio de la cuenca del río Ramis a través de la estimación de la concentración de mercurio en truchas y el estudio comparativo de los procesos de bioacumulación entre zonas de referencia focalizada como piscigranja natural en el Lago Titicaca.
Laboratorios de Biotecnología podrá dar el soporte técnico al problema del Lago Titicaca.

El análisis de mercurio en muestras de músculos dorsal de la especie Trucha podría realizarse en laboratorio mediante el método de digestión ácida y lectura en espectofotómetro de absorción atómica.
Lecturas de las concentraciones de mercurio en Truchas.

De esta manera se determinaría la concentración de mercurio en peso fresco. Los resultados conformaran un registro de data histórica que permitirá tomar las medidas adecuadas a los diferentes niveles de gestión de gobierno y de esta forma garantizar la ejecución de proyectos sostenibles de uso de los recursos hídricos de cara al futuro en la región Puno.
El oportuno reporte y socialización de información técnica consistente, sin perjuicio de brindar la protección en la salud pública y garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos; reducirá la aplicación de medidas traumáticas, focalizando la toma de medidas restrictivas o de interdicción por parte del ejecutivo en puntos específicos y como consecuencia evitará mayores conflictos  socioambientales  mineros en la región Puno y en el país en general.