En contradicciones del canon minero anotamos las cifras concernientes a transferencias de canon minero a nivel nacional para el periodo 2000-2011 y en reducción del canon minero- 2013, indicamos que las cosas se pondrían mas tensas,recomendando a la administración del gobierno peruano_siguiendo su política de nueva relación con el sector minero_tome las medidas adecuadas a efectos de mitigar los potenciales conflictos sociales que puedan surgir en las regiones mas afectadas con la reducción del canon minero.
Pese a los 13,261 millones de soles transferidos por el gobierno central en el periodo 2011-2013, algunas regiones manifestaron su disconformidad, como Ancash, a la que se destinó 20% del precitado monto, es decir, 2,729 millones de nuevos soles, distribuidos por años de la siguiente manera: 791 (2011), 985 (2012) y 953 (2013). Sin embargo, se produjeron protestas sociales en febrero del 2014 promovidas en el propio ejecutivo representado por el señor César Álvarez, presidente del gobierno regional de Ancash. Una suerte de réplica de lo acontecido anteriormente con el señor Gregorio Santos, presidente del gobierno regional de Cajamarca.
El hecho es que la falta de control en los gobiernos regionales y municipales que gozan de los fondos provenientes del canon minero, las han convertido en zonas altamente vulnerables a la corrupción. Ya no solamente se festinan contratos con los fondos públicos obteniendo pingues ganancias, sino que se llega hasta al asesinato de adversarios políticos en un año electoral, donde tomar "el control y manejo de la cosa pública" se hace altamente rentable.
Juan Sheput, con el título "Ancash o el crecimiento económico sin instituciones" expone un interesante punto de vista sobre el particular:
“Acostumbrados como estamos a
analizar las consecuencias de los problemas y no sus causas, un grupo de
congresistas, funcionarios del Poder Ejecutivo,
Ministerio Público y Contraloría se han dirigido a Ancash a investigar
los extraños sucesos que vienen sucediendo en esa riquísima región. Mediatizado el tema, es importante que los
funcionarios estén allí. Es una forma de alcanzar notoriedad. Cierto es que las
sucesivas muertes (quince), de ciudadanos que de una u otra forma eran enemigos
de César Álvarez, amerita el inicio de una investigación policial a fondo en la zona, pero también es cierto que en
esta situación tiene mucha responsabilidad el Estado que, a través de sus
endebles instituciones no ha sabido manejar el “éxito” expresado en el ingreso
de millones de soles, impensables antes, en las arcas de la región Ancash.
El problema no es la
descentralización como señalan algunos despistados, sino la forma como a ésta
le eliminaron sus controles. Un proceso de regionalización y descentralización
es muy complejo. Chile y Colombia, en América Latina, y España, en Europa,
tienen grandes problemas en sus procesos de descentralización. Pero insisten en
él pues saben que es, en el largo plazo, positivo en el desarrollo de sus
países. Colombia, Chile y España tienen en sus respectivos núcleos académicos
sendos organismos de investigación que aportan políticas públicas y sugerencias
a sus respectivos procesos de regionalización. Aquí en el Perú no. Nuestras
universidades, movidas por el afán de maximizar sus ganancias, no tienen
interés en crear centros de desarrollo regional o territorial. No es rentable y
así la ignorancia impera en el análisis de los hechos recientes.
El proceso de regionalización que
tuvo su primer impulso durante el gobierno de Alejandro Toledo creó un Consejo
Nacional de Descentralización (CND) para que coordine y monitoree los planes de
desarrollo territorial. Se exigía a las regiones construir capacidades (con
capital humano adecuado) y planes de desarrollo, antes de traspasar
competencias (como Salud o Educación) o recursos económicos, es decir
presupuesto. Había exigencias previas y candados, en aras de un desarrollo
regional adecuado.
Ello fue destruido durante el
gobierno de Alan García. El expresidente, fiel a su pensamiento de corto plazo
y a su afán de crecer económicamente a como dé lugar, eliminó el CND y en su
lugar puso a una simbólica Secretaría de Descentralización a quien nadie hace
caso; eliminó las “trabas” (capacidades y planes de desarrollo) y ordenó las transferencias
de competencias y recursos, sobretodo recursos económicos, a las regiones con el afán de que gasten sin
control.
Al eliminar los planes, los elementos intangibles de un Plan de
Desarrollo como la educación o la promoción
de la cultura a través del civismo se fueron al tacho y en su lugar solo
quedó el afán por la obra física, esa que se puede ver y por sobretodo licitar.
Aún más se eliminó el filtro del SNIP con la complicidad del Ministerio de
Economía y Finanzas y así, gracias al expresidente, las regiones se
transformaron en centros de recepción de ingentes recursos, que se pueden
gastar sin control, convirtiéndose literalmente en un botín. Lo mismo pasa con
las alcaldías. La Contraloría, que tampoco tiene un plan de control de
gobiernos locales o regionales, siguió al igual que el gobierno en piloto
automático y contribuyó al desorden que hoy impera en la mayoría de las
regiones, envueltas en escándalos, licitaciones, corrupción y crímenes.
Claro está que eso no desestimula
a los aspirantes a ocupar una alcaldía o la presidencia de un gobierno
regional. Es suficiente ver cómo en Ancash, a pesar de los crímenes
supuestamente atribuidos a rivalidades políticas, hay más de 10 precandidatos.
El presupuesto, léase mejor el botín, es apetitoso y bien vale que se corra el
riesgo. Hay en la práctica un descontrol en todo el universo de alcaldías y
gobiernos regionales. Si no lo cree mire a su alrededor: cuántas veces en su barrio o alrededores
rompen, construyen y vuelven a romper las mismas avenidas, pistas y veredas;
cuántas veces rediseñan los parques; con qué facilidad se cambia el
ordenamiento urbano para dar cabida a monstruosos edificios que desentonan al
construirse en pequeñísimas calles.
La regionalización en sí no es
mala. Lo que nos sucede es consecuencia de eliminar los controles durante el
gobierno pasado y también responsabilidad del actual gobierno, de Ollanta
Humala, cuyo ministro de Economía entiende el piloto automático como simple
consumismo o estímulos artificiales del gasto público y que no ha hecho nada
por modificar las reglas de juego establecidas en el gobierno de Alan García.
Lo que sucede en Ancash, si no
fuera por los crímenes execrables, sería
el remedo de lo que sucede en la mayoría de gobiernos locales y regionales
donde el afán de servicio al vecino ha quedado de lado en aras de gastar, sin
controles, el suculento presupuesto municipal o regional.
