Solamente 631 mineros informales, de un universo que oscila entre 300 mil y 500 mil, han concluido el proceso de formalización minera iniciado por el Gobierno peruano en el 2012, informó hoy
la Defensoría del Pueblo.
“A la fecha, de las 58.835
declaraciones de compromiso que se encontraban vigentes, se formalizaron 16
(...) Los mineros beneficiados ascienden a 631”, refirió la entidad durante la
presentación de su Informe de Defensoría N° 167, dedicado a analizar el proceso
de normalización de la minería informal.
Cabe señalar que cada declaración
de compromiso (DC) aglutina a uno o más mineros informales, asociados en
cooperativas para poder solventar el alto costo de la formalización.
Hasta el 19 de abril del 2014,
fecha en que se venció el proceso de formalización de la minería ilegal, solo 5
declaraciones de compromiso (correspondientes a dos personas naturales y tres
cooperativas) habían sido aprobadas, todas ellas en Puno.
CAUSAS DEL FRACASO
Según la Defensoría del Pueblo,
estos exiguos resultados son consecuencia directa de la inadecuada
planificación del Gobierno y de las carencias técnicas, logísticas y
presupuestarias de los gobiernos regionales y direcciones regionales de minería
(DREMs), entidades responsables de conducir y supervisar el proceso de
formalización.
“Por dicha razón, estamos
recomendando fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos regionales, así
como dotarlos de los recursos presupuestales suficientes para que puedan
ejercer sus funciones con eficacia”, señaló Iván Lanegra, Adjunto para el Medio
Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
Otro agravante es la ausencia de
recursos para el denominado Fondo para el Proceso de Formalización, que está a
cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y que debería servir para
financiar los costosos procedimientos que desaniman a los mineros artesanales.
Los recursos del mencionado fondo
deberían provenir de la reutilización (o venta) de la maquinaria y equipos
incautados a la minería ilegal, de la cooperación internacional y de otros
ítems que el Minem determine de acuerdo a ley.
“La Defensoría del Pueblo observa
con preocupación que habiendo transcurrido más de dos años desde la creación
del referido fondo, el Minem no ha cumplido con aprobar el Decreto Supremo que
establezca los recursos provenientes de la lucha contra la minería ilegal que
integrarán estos recursos”, acusó la entidad.
