La Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca absolvió a la
campesina Máxima Acuña Atalaya del cargo de usurpación de terrenos interpuesto
por la minera Yanacocha.
En consecuencia, Acuña no será desalojada de sus terrenos ubicados cerca del área de influencia del proyecto minero Conga.
La sentencia, que declara inocentes a Acuña y su familia,
revierte la condena de dos años y ocho meses de prisión condicional y al pago
de S/. 5 500 a favor de Yanacocha, interpuesta inicialmente contra los acusados
tras la acusación de la transnacional.
Acuña litigó varios años en el Poder Judicial y soportó
varios intentos de desalojo.
Ante ello, los abogados de la
empresa Yanacocha señalaron que presentarán un recurso de casación, por el cual no se
cuestionan los hechos materia de discusión en el proceso, sino si se ha
realizado una interpretación indebida de la ley.
Seguidamente, se presenta las declaraciones del gerente de Asuntos Legales de Yanacocha, tras lectura de sentencia en Cajamarca.
“Estamos presentando un recurso de casación contra la sentencia dictada que absuelve a la familia Chaupe,
porque consideramos que en el proceso obran pruebas contundentes que demuestran
que Yanacocha es legítima propietaria y posesionaria de los terrenos en
litigio”, informó Wilby Cáceres, gerente de Asuntos Legales de Yanacocha, tras la
lectura de sentencia realizada en Cajamarca sobre el litigio de tierras que
viene sosteniendo con la familia Chaupe.
Cáceres indicó que este caso aún
no ha terminado y que será resuelto en la Corte Suprema. “La sentencia de hoy
es solo un paso más dentro del proceso que venimos siguiendo y en el que ya ha
habido dos sentencias anteriores que dieron la razón a la empresa. No
compartimos lo resuelto por la Sala Penal, por lo que recurriremos a la Corte
Suprema, la que resolverá en última instancia este caso”, agregó.
El funcionario de Yanacocha
afirmó además que “La Sala Penal de Cajamarca no ha declarado ningún derecho a
favor de la familia Chaupe, e inclusive ha reconocido el derecho de nuestra
empresa a recurrir a otras instancias no penales, de considerarlo necesario”.
“Nos reafirmamos en nuestro
respeto por las autoridades, así como por los derechos humanos de todos los
involucrados, y reiteramos nuestra posición dialogante siempre dentro del marco
de la ley.Como cajamarquinos, es nuestra obligación ser parte de las
soluciones y no de los problemas que aquejan a la región”, finalizó Cáceres.
