De Tambogrande a Tía María. Doce(12) años de acervos conflictos sociales han reconfigurado la faz de la inversión minera en el país e inducido a las empresas mineras, a ensayar nuevas estrategias de acercamiento con las comunidades.
El pasivo es bastante conocido: proyectos paralizados por
miles de millones de dólares. Pero el aprendizaje ha sido amplio. Prueba de
ello son los US$19.000 millones en inversiones mineras viabilizadas por las
empresas mineras, merced a un acertado relacionamiento social.
Es el caso de Las Bambas (US$10.000 mlls.), la Ampliación de
Cerro Verde (US$4.600 mlls.), la Ampliación de Toquepala (US$1.200 mlls.),
Tambomayo (US$250 mlls.) y Shahuindo (US$130 mlls.), por citar los proyecto más
conocidos.
De Quellaveco (US$3.300 mlls.), La Granja (no hay una cifra
confirmada pero se habla de más de US$1.000 mlls.), Corani (US$600 mlls),
Ollachea (US$170 mlls.) y la reanudación del Complejo Metalúrgico de La Oroya –
CMLO (US$800 mlls.), proyectos en suspenso por factores económicos, pero que
gozan de una amplia base popular de apoyo que presiona por su desarrollo.
Eso es lo que acontece en La Oroya, donde la población no
solamente exige la reanudación de operaciones del complejo metalúrgico, sino
que amaga con perpetrar un ‘segundo Tía María’ para forzar al Estado a generar
las condiciones que permitan atraer la inversión minera.
Para este contexto de experiencia de inversiones en el país, en lo que va del año y de manera conjunta, los niveles de gobierno local, Regional y nacional
declararon viables 7,356 Proyectos de inversión pública, por un monto total de
21,089 millones de soles al 4 de Junio del 2015, informó el Ministerio de
Economía y Finanzas y publicado por la agencia oficial Andina.
Sin embargo, el fantasma de proyectos paralizados por millones de dólares persiste, con el consecuente riesgo de elevar los niveles de conflictos sociales en un año pre electoral.
Sin embargo, el fantasma de proyectos paralizados por millones de dólares persiste, con el consecuente riesgo de elevar los niveles de conflictos sociales en un año pre electoral.
Con la finalidad de tener alertas tempranas que no impacten en los proyectos de grandes inversiones previstas, se hace necesaria entonces una respuesta inmediata de parte del ejecutivo, a los efectos dar respuesta a las justas demandas de poblaciones que reclaman servicios básicos, como es en el caso del componente de los servicios de salud.
Para ilustrar con un ejemplo el escenario antes descrito, citaremos el caso del proyecto de inversión y construcción del Hospital de Moyobamba en la región San Martín.
En el año 2011 la población asentadas en las provincias del alto mayo en San martín, observaban con beneplácito el desarrollo del proyecto del Nuevo Hospital de Moyobamba.
Desde Abril del año 2014, la unidad ejecutora intervino la obra por incumplimiento de los plazos en la ejecución referida a una supuesta falta de liquidez, motivo por el cual la constructora interpuso acción de arbitraje administrativo ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
La paralización de la infraestructura construida y la exposición de los equipos a los rigores del clima y el tiempo en estado de abandono, fueron verificados en sendos procesos de supervisión y fiscalización.
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| Congresista de la República Cesar Yrupailla constatando el deterioro de equipos abandonados al interior del hospital. |
Activado el arbitraje, se produjeron cuestionamientos que entramparon el oportuno accionar del organismo autónomo del Estado_OSCE, que según norma debiera resolver en días lo que va durando a la fecha mas de siete (07) meses.
El impase del caso emblemático de este hospital ha escalado de tal forma que el propio jefe de Estado tomó conocimiento del proceso y es así que en fecha 05 de febrero del 2015, el presidente de la República peruana Ollanta Humala Tasso indicaba en su discurso de orden:
"Pero también lo que tenemos que trabajar en San Martín son los proyectos de desarrollo. Por ejemplo, Moyobamba necesita su hospital, ese hospital está en estos momentos paralizado, desde al año pasado, y es de la gestión regional anterior, y yo le propongo al presidente regional de una vez que haga el expediente técnico del 30 por ciento que falta hacer para completarlo. Son 100 millones de soles que cuesta ese hospital y estamos dispuestos a trabajar si inmediatamente levantan la medida cautelar y me hacen el expediente, si no pueden pásenmelo a mí y yo le armo el expediente para que la población tenga su hospital".
En junio del 2015, los impases subsisten y se activaron mecanismos judiciales para resolver asuntos administrativos que generan el malestar de la población en ese extremo del país.
Actualmente el frente de defensa de Moyobamba anunció un paro de 48 horas para los días 9 y 10 de junio, exigiendo la
culminación del hospital de esta ciudad que se encuentra paralizada desde hace8 meses.
En una asamblea popular, las organizaciones acordaron acatar
esta medida de protesta ante los problemas legales que existe entre el
Organismo de Supervisión y Contratación del Estado (Osce) y el consorcio encargado de esta obra.
Los dirigentes indicaron que vienen organizando los piquetes
de lucha con el apoyo de las autoridades locales para acatar esta medida de
protesta.
La reacción reguladora oportuna del gobierno central se hace necesaria para evitar que los conflictos sociales se nutran de casos como el expuesto que se encuentran fuera de la influencia de localidades con tradición minera.
