El Perú cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en la región en términos de consulta previa y es uno de los pocos países que obliga a las empresas a ejecutarla en las comunidades, lo cual les permite
reducir la conflictividad social frente a proyectos mineros, destacó el Grupo
del Banco Mundial (GBM).
El director del GBM para las economías de Bolivia, Chile,
Perú y Venezuela, Alberto Rodríguez, señaló, en relación a los conflictos
sociales que se han registrado por la ejecución de importantes proyectos
mineros como Tía María y Las Bambas, que es natural que en un proceso de esta
naturaleza haya desacuerdos y que ciertos grupos se sientan afectados.
“En el fondo lo más importante es que se respete la ley y
que esas consultas se realicen, pues los proyectos mineros, y de cualquier
tipo, tienen que respetar las normas medioambientales y sociales”, señaló tras
su participación en el foro ‘Empleos, salarios y la desaceleración en América
Latina’ realizado en el marco de las Juntas de Gobernadores del FMI y del GBM.
En ese sentido reveló que el GMB está trabajando un plan
para mostrar mecanismos que permitan crear un vínculo entre la actividad
extractiva y la inversión pública en jurisdicciones que albergan los
yacimientos.
